Este jueves por la mañana, un grupo numeroso de jóvenes trabajadores y trabajadoras de servicios de entrega a domicilio se congregaron en la explanada de la Legislatura provincial para exigir que se apruebe como ley el proyecto Deliverys Seguros y que el gobierno provincial cumpla su compromiso de llevar a cabo una prueba piloto en ese sentido. Los acompañó Oscar “Cachi” Martínez, Coordinador del Observatorio de Víctimas y autor del proyecto de ley.
A pesar de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados provincial en octubre de 2022, la Ley de Deliverys Seguros aún no ha sido aprobada. Por otro lado, a finales del año pasado, el gobernador Omar Perotti se comprometió a realizar una prueba piloto con 400 cadetes de Santa Fe y Rosario, equipándolos con dispositivos GPS y botones de pánico, debido al incremento de la violencia que sufrieron en ese momento, donde muchos trabajadores fueron víctimas de robos y algunos resultaron gravemente heridos en las calles de ambas ciudades.
Sin embargo, este compromiso no se ha cumplido, lo que llevó a algunas organizaciones a marchar hacia la Legislatura provincial en busca de respuestas. Durante la manifestación, se organizó una conferencia de prensa en la que participaron las agrupaciones, el diputado autor del proyecto de ley y Coordinador del Observatorio de Víctimas, Oscar “Cachi” Martínez, y Graciela Brondino en representación de las Asociaciones de Víctimas de Delitos.
En primer lugar, Martínez abrió la conferencia explicando por qué brindaba su apoyo. “Esta es una lucha que han estado librando desde hace mucho tiempo. Estos jóvenes solo desean poder trabajar dignamente sin ser robados, lastimados o asesinados. Estos jóvenes que deben comprar sus propias motocicletas o bicicletas, así como sus teléfonos móviles, y a menudo se los roban antes de terminar de pagarlos. Pagan sus impuestos y seguro, y deben llevar dinero en efectivo para pagar los pedidos a los restaurantes, convirtiéndose en verdaderos objetivos para los delincuentes”.
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“Hoy, estos jóvenes están pidiendo dos cosas. En primer lugar, que el gobierno provincial cumpla con el compromiso que asumió, y que los tres últimos ministros de Seguridad también asumieron, de realizar una prueba piloto equipando a 400 de ellos con GPS para evitar el robo de sus vehículos y con un botón de pánico para denunciar cuando estén en peligro o sean agredidos en la calle. En segundo lugar, vienen a pedir a los senadores que traten el proyecto de ley para garantizar su seguridad y que se convierta en ley después de más de seis meses sin tratamiento”.
Ante la pregunta de los periodistas sobre por qué no se ha cumplido con este compromiso, Martínez respondió: “Esa es una pregunta que deberían responder ellos, no nosotros. Y quiero señalar que también desconocemos cuál es el motivo por el cual el gobernador no asigna los recursos. La verdad es que desde la Legislatura hemos estado trabajando incansablemente para lograr la paz y el orden que prometimos a los santafesinos hace cuatro años. Para nosotros, no fue solo un eslogan, fue un compromiso, y lo cierto es que no nos sentimos respaldados por el poder ejecutivo en este sentido”.
“No parece razonable que el gobierno tenga miles de millones de pesos en depósitos a plazo fijo y no cumpla con este compromiso tan importante que asumimos. Los tres ministros de Seguridad, Lagna, Rimoldi y Brilloni, nos aseguraron en su momento que llevarían a cabo la prueba piloto, y personalmente he hablado con el actual ministro, quien me ha dejado en claro que el gobernador Perotti no ha aprobado los recursos para llevarla a cabo. Por eso, desde el Observatorio de Víctimas y junto a las Asociaciones, seguiremos insistiendo las veces que sea necesario para lograrlo, porque las promesas se cumplen y los compromisos se honran”.
Por su parte, Fernanda, en representación de los trabajadores y trabajadoras, declaró: “Desde que la Cámara de Diputados le otorgó media sanción en octubre del año pasado, el gobernador se comprometió a comenzar al menos con la prueba piloto. Luego le volvimos a solicitar esto en diciembre del año pasado, y presentamos cartas en enero y febrero de este año, pero nunca recibimos respuesta. Además, asistí a la reunión de la Junta de Seguridad, donde se reafirmó el compromiso, pero nada ha sucedido y seguimos esperando”.
Graciela Brondino, en representación de las Asociaciones de Víctimas, expresó su profunda preocupación y angustia por la situación. “Estamos aquí apoyando una demanda justa. Estamos cansados de tener que luchar durante años para lograr algo que garantice la seguridad de cientos de jóvenes, quienes ahora se ven obligados a salir en grupos para protegerse mutuamente. ¿Saben qué va a suceder? -se preguntó- Esto no cambiará hasta que maten a alguno de estos jóvenes, es lamentable pero es así. Debemos actuar antes, el gobernador debe tomar medidas urgentes y anticiparse. Hasta cuándo van a someter a estos jóvenes a la tortura diaria de no saber si regresarán a salvo a sus hogares cuando salen de casa?”, concluyó Brondino.
