La Legislatura investiga a un fiscal por irregularidades vinculadas a policías

La Legislatura santafesina se encuentra llevando a cabo una investigación sobre el fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho por posibles irregularidades relacionadas con tres casos específicos. Estas irregularidades incluyen el uso de un automóvil registrado a su nombre por parte de un policía condenado y prófugo, quien además es informante de una organización criminal conocida como Los Monos.

También se le atribuye haber brindado asesoramiento a otro oficial de policía acusado de abuso sexual, así como proporcionarle un automóvil de lujo incautado a un financista, sin informar adecuadamente su confiscación a la agencia gubernamental encargada de administrar dichos bienes.

La auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha determinado que las acciones del fiscal podrían acarrear sanciones más severas que una suspensión de 60 días, que es la máxima sanción que el tribunal disciplinario del organismo puede imponer. Por lo tanto, se ha remitido un informe a la Asamblea Legislativa para que determine si se deben aplicar sanciones que podrían variar desde una suspensión de hasta 180 días hasta su destitución.

El informe fue elaborado por la actual fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, cuando aún era auditora del MPA. En respuesta a estas acusaciones, Ríos Artacho, quien se desempeña como fiscal de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, presentó una declaración ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, proporcionando elementos para argumentar que no ha incurrido en conductas reprochables.

Los hechos atribuidos al fiscal están relacionados con el comisario Álvaro Rosales, quien prestaba servicio en la Unidad Regional VI de Constitución y que actualmente se encuentra en prisión preventiva bajo cargos de abuso contra una cadete del Instituto de Seguridad Pública (Isep). Ríos Artacho admitió tener una relación de amistad con Rosales desde hace aproximadamente diez años.

Las presuntas irregularidades salieron a la luz a partir de una investigación realizada por la agencia de criminalidad donde trabaja Ríos Artacho. En ese contexto, los fiscales José Luis Caterina y Matías Edery seguían la pista de la presunta colaboración que el ex policía Juan José Raffo, condenado a cinco años como informante de Los Monos, brindaba a Guillermo “Chupa” Sosa, un líder de la hinchada de Newell’s que estaba siendo investigado por el asesinato de un predecesor llamado Nelson “Chivo” Saravia.

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Raffo también estaba siendo investigado por su participación en reuniones de policías y ex policías, principalmente de la unidad de Drogas Peligrosas, en un galpón ubicado en la zona oeste de la ciudad, donde aparentemente Rosales había sido visto en alguna ocasión. Como resultado, se ordenaron vigilancias y escuchas telefónicas, lo que llevó al descubrimiento de que Raffo había llegado al aeropuerto de Ezeiza en un Chevrolet Cruze que era propiedad de Ríos Artacho.

Raffo se encuentra prófugo y es sospechoso de proporcionar información a aquellos que habrían planeado el asesinato de Saravia, así como de estar involucrado en lavado de dinero. En su defensa, el fiscal declaró que había comprado el automóvil en 2021 y que decidió venderlo el año pasado. Para ello, publicó un anuncio en Mercado Libre y difundió la oferta a través de WhatsApp.

Tiempo después, Rosales se puso en contacto con Ríos Artacho para comprarle el vehículo. El fiscal afirmó haber vendido el automóvil, haber firmado el formulario de transferencia con el escribano Germán Cosentino y haber encargado a la gestora Tatiana Lazzerini el trámite de denuncia de venta. Además, afirmó que entregó el automóvil el sábado 15 de octubre de 2022 en la casa de Rosales en Pueblo Esther. Ríos Artacho afirmó que, en el momento en que Raffo fue encontrado en posesión del automóvil, ya se había presentado la denuncia de venta, aunque la póliza de seguro seguía a nombre del fiscal para mantener la cobertura de responsabilidad civil mientras se completaban los trámites de venta y transferencia.

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Otra de las irregularidades relacionadas con Rosales tiene que ver con el descubrimiento de un Mercedes Benz C250 Kompressor en la casa del policía en Pueblo Esther. Este vehículo era propiedad del financista Sebastián Grimaldi, quien estaba imputado por estafa en el marco de una investigación llevada a cabo por Ríos Artacho. El comisario había recibido el automóvil por orden del fiscal para utilizarlo en su trabajo, pero las investigaciones indican que el policía lo utilizaba para fines personales.

También se le reprocha a Ríos Artacho no haber informado sobre la confiscación del automóvil a la Agencia Provincial de Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el organismo encargado de administrar los bienes incautados según lo establece la ley.

En su defensa, el fiscal mencionó su participación en la investigación contra Grimaldi y el allanamiento que ordenó en mayo de 2022 en una residencia de Puerto Norte, donde se confiscó el automóvil. Además, agregó que el 29 de noviembre ordenó la entrega del vehículo a Rosales, quien en ese momento era jefe de Judiciales de la Unidad Regional VI, “en calidad de depositario judicial provisional y revocable para su uso policial”.

Ríos fundamentó esta entrega en la necesidad expresada por el oficial de contar con un vehículo auxiliar debido a la falta de recursos en su unidad regional. Además, afirmó que se le informó al policía sobre las obligaciones que debía cumplir en relación con el vehículo.

“Sin embargo, después de discutir el asunto con colegas, me di cuenta de que había cometido un error al realizar la entrega, ya que no había involucrado a la Aprad de acuerdo con la nueva ley 13.579”, advirtió Ríos. Por lo tanto, el 22 de diciembre de 2022, se puso en contacto con el titular de Aprad y le informó que tenía un automóvil confiscado que había puesto a disposición de Rosales en calidad de depositario judicial para su uso policial,

Ríos fundamentó esta entrega en la necesidad expresada por el oficial de contar con un vehículo auxiliar debido a la falta de recursos en su unidad regional. Además, afirmó que se le informó al policía sobre las obligaciones que debía cumplir en relación con el vehículo.

“Sin embargo, después de discutir el asunto con colegas, me di cuenta de que había cometido un error al realizar la entrega, ya que no había involucrado a la Aprad de acuerdo con la nueva ley 13.579”, advirtió Ríos. Por lo tanto, el 22 de diciembre de 2022, se puso en contacto con el titular de Aprad y le informó que tenía un automóvil confiscado que había puesto a disposición de Rosales en calidad de depositario judicial para su uso policial. Según Ríos, el titular de Aprad le dijo que podía anular esa entrega y devolver el vehículo al lugar donde se había confiscado para regularizar la situación.

Si quería que Aprad entregara el vehículo al mismo depositario, podía hacerlo por escrito. Con base en esto, presentó una resolución del 26 de diciembre que revocaba la entrega del automóvil a Rosales y disponía que quedara a disposición de Aprad. Ese mismo día, Ríos notificó al policía para que entregara el automóvil en un depósito de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

“Rosales tenía que ir con el automóvil y la notificación a la AIC para hacer la entrega. Por lo tanto, el 28 de diciembre, mi empleada envió una foto de la notificación a la jefa de Secuestros de la AIC”, dijo Ríos. Sin embargo, explicó que la agencia no pudo recibir el vehículo porque no había participado en la confiscación. Entonces, según el fiscal, se puso en contacto con el jefe de la TOE que había participado en el allanamiento para devolver el automóvil. “Sin embargo, dicha restitución no pudo llevarse a cabo porque Rosales fue arrestado en el marco de una investigación”, fundamentó Ríos, y también presentó copias de los documentos que respaldan su versión.

Incompatibilidad con el rol de abogado

El arresto de Rosales en la investigación del fiscal Caterina está relacionado con la otra irregularidad que se le atribuye a Ríos Artacho. En este caso, se refiere al presunto asesoramiento legal que el fiscal habría brindado al policía en relación con las acusaciones por las cuales sigue en prisión preventiva, acusado de abuso sexual y abuso de autoridad contra una cadete del Isep.

Según el informe de la auditoría, se encontraron conversaciones telefónicas en las que Rosales hablaba con terceros sobre este caso y hacía referencia a los consejos que recibía de su amigo Ríos Artacho sobre cómo proceder en el marco de la causa. La auditoría considera que esto implica “asumir un papel similar al de un abogado defensor respecto a su amigo”, lo cual es incompatible con el rol de fiscal que desempeña.

“Niego categóricamente haber desempeñado dichas tareas, no solo en beneficio de la persona mencionada, sino también de cualquier otra”, respondió Ríos Artacho en relación a las conversaciones entre Rosales y otras personas “con las cuales no tengo ninguna conexión”. Además, agregó que “al menos tres conversaciones estarían protegidas por el secreto profesional, ya que se refieren a comunicaciones entre Rosales y su abogado defensor”.

Tanto el informe de la auditoría como la defensa del fiscal están en manos de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde la diputada radical Georgina Orciani actuará como acusadora. Por lo tanto, el futuro del fiscal depende de los legisladores provinciales, quienes deberán evaluar las pruebas y decidir si corresponde imponer sanciones, que podrían ir desde una suspensión de hasta 180 días hasta la destitución. La Legislatura santafesina está llevando a cabo esta investigación con el fin de esclarecer las posibles irregularidades y tomar las medidas correspondientes en función de los hallazgos.