El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ha abordado recientemente la delicada situación del servicio penitenciario y los detenidos en pabellones de alto perfil en la provincia de Santa Fe.
En sus declaraciones a la prensa, Cococcioni destacó que se están cumpliendo estrictamente todas las normas establecidas por la Ley de Ejecución Penal de la provincia, la cual permite la realización de requisas sorpresivas y aleatorias como parte de las medidas de seguridad en las cárceles.
Al referirse a las imágenes que mostraron el resultado de los operativos en Piñero, el ministro señaló que las fotografías se divulgan protegiendo la identidad tanto de los reclusos como del personal penitenciario. Considera que esta transparencia es crucial y que los procedimientos de control no deberían ser tabú, ya que son parte del trabajo diario del personal penitenciario y contribuyen a recuperar la seguridad tanto en los penales como en las calles.
Cococcioni también hizo hincapié en las medidas de precaución implementadas para proteger al personal durante las requisas. En la gestión anterior, el personal era sometido a sumario cada vez que se rompía algo durante los procedimientos, y además enfrentaban amenazas e intimidaciones.
Por ello, se decidió que ingresaran con el rostro cubierto y sin identificación, con un número para su identificación posterior. Asimismo, se aplican medidas de sujeción física para evitar que los presos entorpezcan el procedimiento.
En cuanto al desempeño del personal penitenciario, Cococcioni destacó una mejora significativa en los 85 días de gestión, evidenciada por el hallazgo de elementos durante las requisas que antes no se encontraban. Esto, según el ministro, se debe a que el personal se siente más respaldado para actuar.
Sobre la diferenciación de presos, Cococcioni señaló que se tienen en cuenta diferentes niveles de peligrosidad. Mientras que algunos reclusos pueden beneficiarse de programas de educación y capacitación para su reinserción social, otros con vínculos criminales más fuertes requieren medidas más estrictas para proteger a la sociedad, cumpliendo así con el objetivo fundamental de la ley de ejecución penal: la prevención de la reincidencia y la protección de la sociedad.
