La aparentemente común Whiskería ‘El Bajo’, ubicada en la Ruta Nacional N° 9 KM 637, en la localidad de Manfredi, Córdoba, escondía un oscuro secreto detrás de su fachada de entretenimiento.La Justicia ha determinado que este establecimiento nocturno sirvió como pantalla para una red de explotación sexual, dirigida, según los hallazgos judiciales, por un residente de Rafaela, Jorge Alberto Ferrero.
El modus operandi de Ferrero requería la colaboración de una cómplice, Jesica Tamara Ávila, originaria de la provincia de Chaco. Su función principal era atraer a mujeres de su misma provincia bajo la promesa de un empleo bien remunerado en la prostitución, vivienda, comida y, en algunos casos, cuidado para las madres que lo necesitaran.
Sin embargo, una vez dentro de las instalaciones de ‘El Bajo’, la situación se tornaba en una pesadilla para las víctimas. Además de las tareas sexuales, se les obligaba a realizar labores de limpieza y acarreo de leña. La explotación sexual era el objetivo principal, y las mujeres estaban sujetas a reglas draconianas.
No se les permitía rechazar solicitudes de clientes, y todo el dinero ganado debía entregarse a los acusados. Incluso el dinero destinado a la comida les era confiscado, independientemente de si la consumían o no. A una de las víctimas, N.B.M., se le exigía pagar por el cuidado de su niñera, lo que la obligaba a dejar a su hijo en la casa de esta última durante la noche.
Las mujeres atrapadas en este siniestro negocio también sufrían amenazas y coacciones. Según consta en la causa, Jorge Alberto Ferrero utilizaba la amenaza sobre el hijo de N.B.M. para mantenerla en silencio y evitar que denunciara los horrores que sufrían. Incluso eran trasladadas a otras provincias para ejercer la prostitución.
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Sin embargo, el destino de estas mujeres cambió el 21 de septiembre de 2012. Minutos antes de las 17:25 horas, V.J.A. y N.B.M. lograron comunicarse con la línea de emergencia 101, solicitando la intervención de las autoridades policiales para su liberación. El Cabo Daniel Reboyras respondió a la llamada y finalmente las liberó de su pesadilla al trasladarlas a la Comisaría de Distrito de Oncativo.
Este caso ha estado en proceso judicial durante 11 años y finalmente llegó a una sentencia mediante un juicio abreviado, acordado por la Fiscalía y los abogados defensores de los acusados en septiembre de 2023.
La sentencia condena a Jorge Alberto Ferrero como autor penalmente responsable del delito de “Trata de personas con fines de explotación sexual”, imponiéndole una pena de tres años de prisión en forma condicional, con costas. La misma pena se aplica a Jesica Tamara Ávila, considerada partícipe necesaria en el delito.
Ambas condenas no implican prisión efectiva, ya que se trata de penas condicionales debido a la falta de antecedentes penales graves y otros atenuantes. Además, el fiscal destacó la edad avanzada y los problemas de salud de Ferrero, así como la posibilidad de reintegración de Ávila a la sociedad.
En cuanto a las reparaciones económicas, se ha otorgado una compensación de 12.138.586 de pesos a una de las víctimas, V.J.A. Para asegurar el cumplimiento de esta compensación, el juez ha ordenado la subasta de seis vehículos registrados a nombre de Ferrero. En caso de que la subasta no cubra la cantidad requerida, se utilizarán recursos del Fondo de Asistencia de Víctimas de Trata de la Ley 26.364, si están disponibles y se obtiene la autorización del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata.
La otra víctima, N.B.M., ha expresado su deseo de no participar en la reparación económica, y el juez ha respetado esta decisión.
Este caso arroja luz sobre la persistente problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual y resalta la importancia de la lucha continua contra esta forma de esclavitud moderna.
