En una audiencia pública, la Dra. Cristina Fortunato, jueza de Investigación Penal Preparatoria, dictaminó la prisión preventiva por sesenta días para Cristian Javier Costamagna, propietario de una chacarita en el barrio Fasoli de Rafaela. Este veredicto surge a raíz de su presunta participación en la compra de metales de origen ilícito, una práctica que ha sido señalada como un flagelo para la comunidad local.
El caso se remonta a la madrugada del viernes pasado, cuando Costamagna fue detenido mientras se disponía a despachar entre 5 y 10 toneladas de metales y otros materiales de procedencia cuestionable. La fiscal Lorena Korakis lo imputó por encubrimiento por receptación agravada, alegando la adquisición de metales robados en su establecimiento.
Durante la audiencia, se presentaron evidencias que revelaban la posesión de aproximadamente 300 metros de cables nuevos pertenecientes a una empresa de telefonía, así como otros cables cuyo origen no pudo ser justificado por el acusado. La magistrada destacó la gravedad de la situación, especialmente en un contexto donde el robo de cables ha generado preocupación en la comunidad, llegando incluso a provocar accidentes fatales.
Por su parte, la fiscal Korakis detalló que en la chacarita se encontraron rollos de cables etiquetados de una reconocida empresa de telecomunicaciones, así como material de alumbrado público perteneciente al municipio local. Además, se incautaron materiales que fueron reconocidos por otros establecimientos como robados, profundizando así las sospechas sobre la procedencia ilícita de los productos.
A pesar de los argumentos de la defensa, la jueza Fortunato determinó que la prisión preventiva era necesaria para garantizar el avance de la investigación, considerando los delitos imputados y la posibilidad de entorpecimiento de la misma.
El abogado defensor, el Dr. Carlos Farías Demaldé, argumentó en favor de la libertad de su cliente, señalando que la chacarita contaba con habilitación municipal vigente y que incluso el municipio había realizado ventas al establecimiento en cuestión. Sin embargo, la jueza consideró que existían elementos suficientes para presumir la participación de Costamagna en actividades delictivas, como los rollos de cable de Telecom y el material de alumbrado público hallado en su posesión.
