En un esfuerzo por revitalizar la economía y paliar los efectos negativos de la reciente devaluación, el ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra a punto de anunciar un conjunto integral de medidas diseñadas para estimular el consumo y contener la escalada de precios.
El equipo económico, que recientemente regresó de una serie de reuniones con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos, está afinando los últimos detalles de un paquete que busca contrarrestar los impactos económicos derivados de la fluctuación en el valor de la moneda nacional.
Una de las piedras angulares de este plan es la asignación de una suma fija para los trabajadores asalariados, con el fin de inyectar liquidez en los hogares y propiciar un aumento en la demanda de bienes y servicios. Además, se han contemplado créditos con tasas preferenciales para estimular el sector empresarial, así como devoluciones fiscales para aliviar la carga tributaria.
Un aspecto esencial del paquete es la implementación de medidas para evitar que las empresas incrementen los precios por encima del 5% mensual. Esto se llevará a cabo mediante una serie de señales y regulaciones, con el objetivo de contener la inflación y garantizar la accesibilidad de los productos para los consumidores.
La estrategia del gobierno para enfrentar la escalada de precios también ha incluido decisiones audaces, como el congelamiento de los precios de combustibles y medicamentos. Además, el Ministerio de Economía ha establecido conversaciones con cadenas supermercadistas para acordar un aumento máximo del 5% mensual en 52.300 productos esenciales durante los próximos tres meses.
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Este acuerdo, que ha sido suscrito por 31 cadenas de supermercados mayoristas y minoristas, brinda incentivos fiscales a las empresas adherentes y establece un esquema de créditos subsidiados para las pequeñas y medianas empresas proveedoras. Las negociaciones para sumar a más actores de la industria a este acuerdo continuarán en los próximos días.
Entre las propuestas que se barajan, se encuentra la implementación de un “monotributo productivo” que fomente la regularización de los trabajadores informales, aunque la magnitud y alcance de esta medida aún no están claros.
Por otro lado, el gobierno está evaluando un reajuste en las tarifas y subsidios, dada la nueva realidad impuesta por la devaluación. Este proceso requerirá una audiencia pública, según lo establece la ley, antes de que cualquier modificación en las tarifas sea efectiva.
En este contexto, la secretaria de Energía, Flavia Royón, adelantó que se llevará a cabo una actualización de las tarifas de electricidad en función del impacto de la devaluación en los costos de generación.
En medio de las expectativas por el desembolso pendiente por parte del FMI y la necesidad de fortalecer las reservas, el gobierno busca contrarrestar en parte los efectos de la devaluación mediante estas medidas destinadas a estimular el consumo y atenuar la suba de precios. Las próximas semanas serán cruciales para evaluar cómo estas iniciativas moldearán el panorama económico del país.
