El 6 de mayo comenzará a implementarse el nuevo Código Procesal Penal en la Justicia Federal en Rosario y desde la Corte Suprema anunciaron la creación de 16 cargos para funcionarios y personal de la Cámara de Apelaciones.
Por intermedio de la resolución N° 651/2024 se crea un cargo de secretario letrado, cuatro secretarios de juzgado, dos prosecretarios administrativos, dos de jefes de despacho, dos de oficiales, cuatro de escribientes y uno de medio oficial.
Esta resolución se agrega a la adoptada el 21 de marzo pasado, cuando la Corte Suprema asignó tres aeronaves -dos marca Beechcraft modelo Baron 58P y una Cessna modelo 210K- al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe con el propósito de llevar adelante actividades operativas e investigativas de policía en función judicial tendientes a la lucha contra el narcotráfico. También autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario para abocarse a dicha tarea.
El sistema que se implementará en Rosario a partir del 6 de mayo se aprobó hace casi 10 años, en 2014, por medio de la ley 27.063 que estableció el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que implicaba -entre otros puntos- el cambio a una normativa que busca empoderar a los fiscales en las investigaciones y en donde el procedimiento pasa a hacer oral. Además apunta a establecer plazos concretos para que los expedientes no se extiendan en el tiempo.
En 2019, el sistema acusatorio comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy, después de más de nueve meses de trabajo. La próxima jurisdicción en donde debía regir era en Rosario, pero su implementación nunca llegó a ponerse en marcha. Estaba en manos de una comisión bicameral en el Congreso.
A fines de febrero pasado, el Poder Ejecutivo decidió por DNU asumir las funciones de la bicameral. Si bien todos estaban de acuerdo en avanzar, el mundo de los fiscales reclamaba recursos. Sin embargo, los crímenes ocurridos recientemente en Rosario, ligados a presuntos mensajes de bandas mafiosas dedicadas al narcotráfico, llevó al Gobierno nacional a desplegar una serie de estrategias y medidas para luchar contra la delincuencia. Y entre idas y vueltas, el ministro de Justicia ordenó la vigencia del código acusatorio para el mes de mayo.
