Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein impulsan un nuevo marco regulatorio para que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tengan un tratamiento ajustado a lo dispuesto por la Constitución Nacional y en base a un mecanismo más ágil y restrictivo, evitando el exceso en la emisión de normas de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo. “Es inconcebible que aún en dos meses no se haya tratado el DNU que el Presidente promovió en diciembre”, aseguran.
La iniciativa contempla restricciones y mecanismos para acelerar el proceso de ratificación o derogación de los DNU dictados por el Ejecutivo. “Hoy en Argentina es más fácil legislar por DNU que por medio del Congreso. En el primer caso se necesita la aprobación u omisión de una sola de las cámaras. En el segundo, hay que lograr la votación afirmativa de Diputados y el Senado. Esta reglamentación promovida por el kirchnerismo desde 2006 debe modificarse con urgencia”, explica Paulón.
Los legisladores nacionales del Partido Socialista plantean tres escenarios modificatorios.
– En el caso de que un DNU no sea remitido en el plazo de 10 días de su dictado – plazo establecido en la Constitución Nacional- la norma queda declarada nula, derogándose cualquier efecto jurídico que pudiera haber generado.
– Si el DNU llega al Congreso a los 10 días de su promulgación, la Comisión Bicameral emite su dictamen en los siguientes 10 días pero si éste no fuera tratado durante los próximos 30 días, el DNU queda derogado. En este supuesto se mantienen vigentes los efectos jurídicos que pudiera haber generado hasta esa fecha.
– Para el caso en que el DNU obtuviera dictamen en los plazos establecidos, dicho dictamen obtiene preferencia automática, por lo que el Congreso tendrá la obligación de tratarlo como primer punto del temario en la primera sesión posterior, sea ésta ordinaria o especial .
Cabe destacar que, históricamente, el PS no ha acompañado la aprobación o dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia, votando en contra de incorporarlos a la Constitución Nacional, en ocasión de la Convención Constituyente de 1994.
“Con este tipo de normas el Poder Ejecutivo asume potestades legislativas que no le son propias. Claro está que, a su vez, estamos frente a un gobierno nacional que en sus primeros pasos ha dado señales de tener un enfoque hiper presidencialista y con espíritu anti-republicano”, concluyó la diputada Mónica Fein.
