La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ha anunciado una medida significativa que impactará tanto a propietarios como a inquilinos en Argentina.
A partir de la Resolución General 5545/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, se elimina la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales. Esta decisión deriva del Decreto 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres 27.551¹.
¿Qué implica esta medida?
Con esta nueva resolución, los propietarios ya no están obligados a inscribir sus contratos en el “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)” para que sean válidos.
Sin embargo, aquellos contribuyentes que deseen obtener beneficios fiscales deberán seguir registrando sus contratos. Esto incluye beneficios en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias, Bienes Personales y Ganancias, contemplados en la ley 27.737².
Mira también esta nota | AFIP: Ojo con las transferencias de poco dinero, ¡ahora están bajo control!
Procedimiento para obtener beneficios fiscales
Para acceder a estos beneficios, los contribuyentes deben declarar sus contratos de alquiler en el RELI antes del 30 de septiembre de 2024 o dentro de los 15 días corridos posteriores a la celebración del contrato.
Este trámite se realiza a través de la web de la Afip, utilizando la clave fiscal. Es importante destacar que quienes ya tengan registrados sus contratos no necesitan volver a hacerlo, a menos que haya modificaciones o actualizaciones³.
Cambios en el impuesto a las ganancias
Además, la Resolución General Nro. 5547/2024 elimina la obligación de los empleados en relación de dependencia de adjuntar una copia del contrato de alquiler del inmueble destinado a casa habitación en el servicio SiRADIG. Este requisito era necesario para acceder a deducciones del 40% y del 10% de las sumas pagadas por el alquiler⁴.
Impacto de la medida
La eliminación de esta obligación busca reducir la carga administrativa y burocrática para los contribuyentes, promoviendo la simplificación y eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para facilitar los trámites y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos¹.
