El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, ha anunciado su intención de eliminar el DNI para personas no binarias mediante un nuevo decreto presidencial. Esta medida, alineada con las políticas del actual gobierno, busca eliminar el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos oficiales argentinos. Desde el gobierno han afirmado que “se acabó el género no binario. Pueden ser travestis, trans o lo que quieran, pero van a tener que definir si son hombres o mujeres”.
Esta decisión se suma a otras medidas que el gobierno ha implementado en su “batalla cultural” contra temas vinculados a la sexualidad y el género, como la prohibición del lenguaje inclusivo y el desfinanciamiento de programas de salud reproductiva. El presidente Milei justifica esta decisión argumentando que la nomenclatura no binaria tiene una “escasa representación en términos de utilidad”.
El derecho al DNI no binario y su historia
El DNI no binario es un derecho adquirido por la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en mayo de 2012 e implementada desde 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández. El Decreto 476/2021, firmado por Fernández, permitió que las nomenclaturas utilizadas en los documentos nacionales y pasaportes en el campo referido al “sexo” incluyeran las opciones “F” (Femenino), “M” (Masculino) o “X” para aquellas personas que no se identifican con ninguno de los géneros del binomio.
En un acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, Fernández entregó los primeros tres DNI no binarios frente a una sala llena de activistas, funcionarios y militantes por los derechos de las personas LGBTTIQNB+. Según los últimos datos disponibles del Censo 2021, en Argentina existen 8.293 personas que se autoperciben como no binarias, de las cuales unas 1.500 solicitaron el cambio de su documento.
Reacciones y consecuencias
La eliminación del DNI no binario ha generado una fuerte reacción entre activistas y defensores de los derechos humanos, quienes consideran esta medida como un retroceso significativo en el reconocimiento de las identidades diversas. María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+, ha señalado que derogar este decreto no elimina el derecho, pero sí dificulta su ejercicio en la práctica. Además, advirtió que la medida podría desencadenar una ola de demandas judiciales y colocar al Estado argentino en falta respecto a los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.