Con una Constitución sin cambios desde 1962, la provincia enfrenta ahora el desafío de actualizar su carta magna. Aunque se destacan avances en derechos y transparencia, también surgen tensiones sobre el verdadero alcance político de la reforma.
La reforma constitucional en Santa Fe promete ser, al menos en los papeles, una bisagra institucional. Con más de seis décadas sin modificaciones, el proceso iniciado en 2024 busca alinear el sistema político provincial con los desafíos del presente: ampliar derechos, mejorar la representación ciudadana y modernizar una estructura estatal que muestra señales de desgaste.
El debate no es nuevo. Desde hace años se discute en despachos y editoriales la necesidad de una Constitución que contemple, por ejemplo, el voto joven, la autonomía real de los municipios o la paridad de género en la Corte provincial. La aprobación de la Ley de Necesidad de Reforma, con apoyo de más del 75% de los legisladores, marcó un raro momento de consenso en la política santafesina. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora: convertir ese consenso legislativo en una reforma legítima, representativa y sin hipotecas a intereses corporativos o partidarios.
Entre los puntos más resonantes se destacan los límites a la reelección, la figura de “ficha limpia” y la eliminación de fueros, todas medidas con fuerte anclaje en la agenda pública. Pero también aparecen otras, como la redefinición del rol del Estado laico y la incorporación de derechos digitales y ambientales, que abren debates más profundos sobre el rumbo cultural e ideológico que tomará la nueva Carta Magna.
Sin embargo, no faltan quienes advierten que detrás del lenguaje de la modernización puede esconderse una disputa más pragmática: la de construir un nuevo equilibrio de poder entre oficialismo y oposición, entre capital e interior, entre representantes y representados.
Con 69 convencionales ya electos y un cronograma que avanza hacia la reforma parcial, lo que está en juego no es solo una actualización normativa, sino la posibilidad de redefinir el contrato institucional de los santafesinos para las próximas décadas. Será tarea de la sociedad civil, el periodismo y las propias fuerzas políticas velar para que esa oportunidad no derive en un ejercicio meramente cosmético.