Nueva York, EE.UU.– La jueza Loretta Preska, del tribunal del segundo distrito sur de Nueva York, ha dictaminado que la República Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta decisión, comunicada hoy, representa un nuevo y significativo revés para el Estado argentino en los tribunales estadounidenses.
La orden judicial, aunque apelable, es un punto crucial en el prolongado litigio iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos del juicio originalmente presentado por Petersen Energía. El analista financiero Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, fue el primero en difundir la noticia, que sigue de cerca las implicaciones judiciales del caso.
La resolución de Preska autoriza a los demandantes a avanzar con la ejecución del fallo, lo que incluye la apropiación del paquete accionario mayoritario de la petrolera, actualmente bajo custodia estatal. Esto ocurre a pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había intervenido como “amicus curiae” a favor de la postura argentina, argumentando que no debía ejecutarse una entrega forzosa de activos soberanos. La jueza desestimó este argumento, aunque reconoció el derecho de Argentina a apelar la sentencia.
El detalle de la causa y sus implicaciones
La reestatización de YPF en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, implicó que el Estado argentino adquiriera el 51% de las acciones que eran propiedad de Repsol. Si bien la operación fue respaldada por una ley del Congreso, la demanda en cuestión sostiene que no se respetaron los derechos de los socios minoritarios, lo que derivó en este millonario reclamo judicial.
Este fallo de la jueza Preska aumenta la presión sobre Argentina en el frente judicial y financiero internacional. Si bien el caso podría continuar en instancias de apelación, la decisión actual marca un precedente preocupante y pone en jaque un activo estratégico para el país.