El Gobierno anunció cambios significativos en la política migratoria, incluyendo el cobro de servicios de salud y educación a extranjeros, requisitos más estrictos para el DNI y la deportación de personas con condena penal.
El Gobierno nacional anunció una profunda reforma en la política migratoria del país, implementada a través de un decreto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló los principales puntos de esta nueva normativa que impactará en el acceso a la salud y la educación para extranjeros, así como en los requisitos para obtener la residencia y la ciudadanía argentina, y en las políticas de deportación.
Uno de los puntos más destacados es la decisión de permitir que los hospitales públicos cobren por los servicios de salud brindados a extranjeros no residentes y a aquellos con residencia transitoria. Adorni justificó la medida argumentando que “quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar la capacidad de pago”, y señaló el alto costo que implica la atención de pacientes extranjeros en hospitales nacionales.
En el ámbito educativo, el Gobierno habilitará a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros. El vocero aclaró que se respetará la autonomía universitaria, por lo que la implementación de esta medida quedará a criterio de cada institución.
La reforma también endurece los requisitos para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) por parte de extranjeros. Adorni adelantó que se aplicarán criterios “más severos” para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía argentina. En este sentido, se exigirá una residencia continua de dos años sin abandonar el territorio nacional para obtener la ciudadanía, buscando evitar que quienes ingresen o permanezcan de forma irregular sean “recompensados” con la ciudadanía.
En materia de seguridad, y con la presencia de la ministra Patricia Bullrich, se anunciaron medidas más estrictas en las fronteras. “Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia, serán expulsados”, comunicó Adorni, endureciendo las políticas de admisión y permanencia en el país para personas con antecedentes penales.
Esta reforma migratoria por decreto marca un cambio de rumbo en las políticas del país en relación con los extranjeros y seguramente generará un amplio debate en diversos sectores de la sociedad.