Profesionales, familias y personas con discapacidad se manifestaron en la plaza central de Rafaela, en sintonía con una movilización en todo el país. El reclamo central es la declaración de la emergencia en discapacidad, ante la denuncia de demoras en pagos, falta de actualización de aranceles y la precariedad de las condiciones laborales que afectan al sector.
Este jueves por la tarde, la ciudad de Rafaela fue escenario de una jornada de protesta nacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Profesionales de la salud, familiares y usuarios de servicios especializados se congregaron en la plaza central para exigir mejoras urgentes en el sistema de prestaciones y reclamar la declaración de la emergencia nacional en discapacidad.
La convocatoria en Rafaela se realizó en adhesión al paro con movilización que tuvo lugar en distintos puntos del país. Sin embargo, en la ciudad, los organizadores optaron por una manifestación estática en la plaza, priorizando la accesibilidad. “No íbamos a poder trasladarnos con sillas de ruedas por la avenida, por eso optamos por concentrarnos en este lugar y convocar a toda la comunidad afectada por esta situación”, explicó Marcelo Gieco, licenciado en Kinesiología y Fisiatría del Centro Azahares.
Aranceles congelados y sistema desfinanciado
El reclamo principal se centra en la falta de actualización de aranceles desde diciembre de 2024. Esta situación impacta directamente en la sostenibilidad de centros terapéuticos, hogares y en la labor diaria de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad. “La emergencia nacional lo único que pide es que se cumpla la ley. Desde hace meses no se actualizan los valores y esto genera un escenario precario en todos los ámbitos vinculados a la discapacidad”, señaló Gieco.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que regula este sistema, no ha brindado respuestas concretas, mientras las dificultades se profundizan. Gieco relató que la situación compromete desde las terapias —que enfrentan demoras en autorizaciones por parte de las obras sociales— hasta el transporte, con tarifas que no cubren los costos reales. “Hoy se paga 500 pesos por kilómetro cuando el litro de nafta cuesta mucho más. Eso hace que se reduzcan los días de traslado y muchas personas no puedan asistir a sus tratamientos”, lamentó.
Otro punto crítico es el incumplimiento de la gratuidad en el transporte interurbano para personas con discapacidad, ya que muchas empresas no respetan el cupo obligatorio, probablemente también por la falta de pago estatal. “Esto vulnera tanto el trabajo de los profesionales como la vida cotidiana de quienes tienen una discapacidad. El Gobierno nacional hoy considera que esto no es responsabilidad del Estado y que es un gasto, cuando en realidad se trata de derechos”, denunció Gieco.
La discapacidad como derecho, no como gasto
Gieco recordó que en 2006 Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y durante años fue ejemplo en Latinoamérica por su sistema de prestaciones básicas. “Hoy ese sistema está completamente desfinanciado. No estamos hablando de privilegios, sino de que las personas puedan tener una vida digna”, afirmó.
En Rafaela, aún no se han registrado cierres de instituciones ni cortes de prestaciones, pero los profesionales advierten que la situación podría replicarse si no hay respuestas urgentes. “En otros lugares del país ya están cerrando centros porque no pueden pagar sueldos ni comprar insumos. Nosotros todavía no llegamos a eso, pero claramente vamos en ese camino”, advirtió.
La comunidad del ámbito de la discapacidad en Rafaela espera que la semana próxima el Congreso trate el proyecto de emergencia nacional. Sin embargo, persiste la preocupación por un eventual veto presidencial. “Todos estamos esperando que se apruebe, porque esto no puede seguir así. La discapacidad no es un gasto, es una responsabilidad del Estado”, concluyó Gieco.