Una mujer de Rafaela fue condenada a prisión domiciliaria por transportar cocaína en el primer fallo bajo el nuevo sistema penal federal. El caso puso de relieve una vida marcada por la vulnerabilidad y abrió un debate sobre la responsabilidad penal en contextos de pobreza.
La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Santa Fe dejó su primera condena, y el caso tiene un fuerte arraigo local: una mujer oriunda de Rafaela fue sentenciada a cuatro años de prisión por transportar casi medio kilo de cocaína. Sin embargo, lo que trascendió en la sala de audiencias fue mucho más allá del peso de la droga, revelando una historia de vida signada por el abandono, la pobreza extrema, la prostitución y la violencia.
El punto de partida de la causa se remonta a noviembre del año pasado, cuando Gendarmería Nacional interceptó un remís que viajaba desde Rafaela hacia Santa Fe y descubrió un ladrillo de cocaína en la mochila de la pasajera, identificada como Valeria. El juicio se llevó a cabo a fines de abril y culminó el 6 de mayo con una condena firme, pero con una lectura sensible por parte del tribunal. Los jueces valoraron profundamente el contexto de desigualdad estructural en el que se desenvolvió Valeria para aplicar la pena mínima contemplada por el delito y, además, permitir que la cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Durante el proceso judicial, testimonios de familiares y profesionales de la salud reconstruyeron una historia de profunda exclusión social. Valeria, madre de tres hijos, residía en un asentamiento precario de Rafaela tras escapar de reiterados episodios de violencia de género en la provincia del Chaco. Su sustento económico provenía de trabajos informales y precarios, sumado al ejercicio de la prostitución, una realidad que la exponía aún más a situaciones de vulnerabilidad. A pesar de este trasfondo humano complejo, el fiscal a cargo del caso consideró que estas circunstancias no justificaban el delito cometido.
Sin embargo, el fallo del tribunal federal no solo marca el inicio del sistema acusatorio en la provincia con una condena, sino que también instala un debate ético y social de gran relevancia: ¿cómo debe la Justicia abordar los casos de personas que delinquen inmersas en contextos de extrema pobreza y exclusión? ¿Hasta qué punto la responsabilidad penal individual puede desligarse de la responsabilidad de un Estado que no logra garantizar derechos básicos y oportunidades equitativas?
La decisión de que Valeria cumpla su condena bajo arresto domiciliario, acompañando a su hija menor, también tuvo en cuenta el interés superior de la niña. El asesor de menores que intervino en el juicio advirtió sobre el impacto negativo que la reclusión de la madre podría tener en el desarrollo de la pequeña, una consideración que finalmente pesó en la resolución del tribunal.
Este caso inaugura un nuevo capítulo en la justicia federal santafesina, dejando planteadas preguntas incómodas pero necesarias sobre la relación entre delito, pobreza y la responsabilidad del Estado en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.