El Padre Marcos Szyszkowski, capellán de la Policía de Misiones, fue trasladado a la Unidad Regional de Jardín América, con la supuesta tarea de hacer guardia en una comisaría. La medida se interpreta como una represalia por su duro discurso del 25 de Mayo, donde cuestionó la prohibición de voto a efectivos policiales.
Una controversia se desató en Misiones luego de que el Padre Marcos Szyszkowski, capellán de la Policía provincial, fuera trasladado a cumplir funciones en la Unidad Regional de Jardín América.
La medida se produjo en las últimas horas, tras un discurso del sacerdote durante el acto del 25 de Mayo en el que criticó públicamente la decisión del gobierno provincial de impedir que los efectivos de las fuerzas de seguridad votaran en las elecciones del 8 de junio.
Sectores cercanos a las fuerzas de seguridad han manifestado su indignación, considerando el traslado como una clara represalia por la postura crítica del capellán.
Denuncian represalias y persecución política
Matías Orrego, hermano de dos de los ocho policías detenidos en el marco de la causa por sedición, salió en defensa del sacerdote y denunció una persecución política. “Lo llevaron a hacer guardias. Imaginate la locura. ¿Qué función puede cumplir un capellán en una comisaría?”, expresó indignado en una entrevista radial, agregando que “esto es una demostración de poder, pero la gente ya se está dando cuenta de lo que está pasando”.
Por su parte, el Padre Fabián Szyszkowski —hermano de Marcos y también sacerdote— explicó que Marcos fue trasladado desde la Jefatura a la Unidad Regional de Jardín América, “supuestamente porque le queda más cerca”. Además, reveló un hecho aún más llamativo: él mismo deberá cumplir cuatro horas de guardia en la comisaría de Campo Viera, algo que también calificó como inusual para las funciones pastorales que tradicionalmente desempeñan los capellanes.
El conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión institucional. Días antes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había criticado duramente la medida que impedía el voto a los uniformados. Tras estas presiones y la repercusión pública, el gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia dieron marcha atrás con la decisión, habilitando finalmente a los agentes para emitir su voto en los próximos comicios.