En un operativo internacional contra la pornografía infantil, tres hombres fueron detenidos en Argentina. Entre ellos, un empleado del Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe. A pesar de las acusaciones, dos de los sospechosos recuperaron la libertad.
Detenciones en Santa Fe
El martes pasado, en el marco del operativo “Aliados por la Infancia III”, se llevaron a cabo dos procedimientos en Santa Fe. Matías J., empleado del área de mantenimiento del Hospital de Niños Orlando Alassia, fue arrestado en su departamento del macrocentro. En el lugar, se secuestró material de interés para la causa, incluyendo dispositivos electrónicos. El otro detenido fue Leandro P., de 38 años, arrestado en San José al 2000.
Ambos fueron imputados por la fiscal Luciana Escobar Cello por distribución de pornografía infantil. Sin embargo, la jueza Celeste Minniti consideró que la evidencia no era suficiente, ya que aún faltan las pericias de los dispositivos electrónicos secuestrados. Por lo tanto, dispuso la libertad de ambos con algunas restricciones. Ninguna de ellas impide al empleado del hospital asistir a su lugar de trabajo.
Desde el hospital, se inició un sumario administrativo que derivó en la suspensión provisoria de Matías J. mientras avanza la investigación.
Detención en Rosario
En Rosario, fue arrestado Cristián Antonio R. El fiscal Diego Meinero de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual lo imputó el viernes. Según el fiscal, Cristián Antonio R. tenía al menos 539 archivos con material de explotación sexual infantil descargados a través de una red p2p. Además, los facilitó al menos en 259 oportunidades de forma total o parcial, a través de una carpeta que dejó a disposición para su descarga entre diciembre del 2022 y febrero del 2024.
Se le achacaron los delitos de facilitamiento de pornografía infantil agravado por tratarse de representaciones de niños menores de 13 años y tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de distribución agravada por ser dichas representaciones de menores de 13 años.
El juez Pablo Pinto dispuso una medida cautelar en su contra por el plazo de ley, es decir, estará dos años preso en forma preventiva mientras avanza la investigación.
