Tras la liberación del cepo cambiario, los mayoristas argentinos alzan su voz contra aumentos de precios que consideran injustificados, argumentando que las condiciones del mercado no los justifican y señalando los verdaderos lastres de la economía.
El sector mayorista argentino ha expresado su firme rechazo a las recientes listas de precios que están llegando con aumentos considerados injustificados, en el contexto de la reciente liberación del cepo cambiario.
En un comunicado, los representantes del sector argumentan que la eliminación del cepo no implica una devaluación de facto, sino una apertura positiva del mercado cambiario.
Subrayan que las empresas ya venían operando con el dólar MEP, cuyo valor incluso experimentó una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la postura de que no existen fundamentos económicos sólidos para una remarcación generalizada de precios.
Además, enfatizan que el nuevo tipo de cambio oficial liberado está orientado de manera exclusiva a las personas físicas, por lo que no afecta de forma directa la operatoria habitual de las empresas mayoristas.
En este marco, el sector mayorista realiza un enérgico llamado a la responsabilidad de todos los proveedores del mercado, instándolos a evitar distorsiones y especulaciones que únicamente generan incertidumbre en el comercio y afectan su normal funcionamiento.
Más allá del dólar, los mayoristas señalan que el verdadero problema de la economía argentina reside en la elevada carga impositiva –con especial énfasis en impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y las tasas municipales– y en los denominados “costos ocultos” que se trasladan a lo largo de la cadena de valor.
Para ilustrar esta situación, explican cómo el precio final de productos de consumo masivo, como una botella de vino o un corte de carne adquirido en un almacén o supermercado de cercanía, incluye una serie de aportes y contribuciones obligatorias que se han ido acumulando durante décadas.
Muchos de estos cargos se superponen a lo largo de toda la cadena comercial, desde el productor primario hasta el punto de venta al consumidor final.
Entre los “costos ocultos” que terminan impactando en el precio final, el sector mayorista detalla:
Por cada empleado de comercio
Contribución Adicional Solidaria a la obra social OSECAC: Una contribución que surgió durante la pandemia de COVID-19 y que, a pesar del tiempo transcurrido, se sigue cobrando de manera obligatoria, independientemente de si el empleado utiliza o no los servicios de OSECAC.
Aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP): Un aporte mensual de $ 4.725,02 vigente desde el año 2008, incluso si el empleado nunca accede a las capacitaciones ofrecidas por el instituto.
Seguro obligatorio de retiro La Estrella: Creado en octubre de 1991, este seguro representa el 2,5% de la remuneración del trabajador. El 50% de lo recaudado se deposita en la cuenta individual del empleado, mientras que el otro 50% se destina a un sistema colectivo “solidario”. Para acceder al beneficio completo, se requieren 20 años de aportes; en caso de despido, el empleado puede solicitar el 50% de lo acumulado en su cuenta individual.
Aporte al sindicato (FAECYS): Un descuento del 0.5% del salario que se aplica a todos los empleados del sector, estén o no afiliados al sindicato.
Desde la industria
Aporte obligatorio al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA): Un financiamiento que asciende a $1209 por cada animal faenado, de los cuales $375 son aportados por la industria y $834 por el productor.
Según datos de cámaras empresarias, en 2024 se faenaron 14 millones de cabezas de ganado, lo que implica una recaudación anual de aproximadamente USD 15 millones para este instituto, creado por la Ley 25.507 en 2001.
Aporte obligatorio a la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina): Un aporte destinado a la promoción del vino argentino, establecido por la Ley 25.849 en 2004 para financiar el “Plan estratégico argentina vitivinícola 2020”.
El incumplimiento de este pago puede acarrear sanciones severas para las bodegas, incluyendo la paralización de permisos de traslado, despacho y exportación por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Fuente: CADAM