La problemática de los accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe, Argentina, es una grave cuestión de salud pública que afecta principalmente a los jóvenes.
Durante el año 2020, el 53% de los fallecidos por accidentes de tránsito tenían entre 15 y 39 años, con un pico máximo en el rango de 20 a 29 años. Estas estadísticas se mantienen consistentes con años anteriores.
El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, ha destacado que los accidentes de tránsito cumplen con los cuatro aspectos que definen un problema de salud pública de primera magnitud: su magnitud, su trascendencia, su vulnerabilidad y los costos asociados.
Las consecuencias de estos accidentes son escalofriantes en términos de víctimas fatales y heridos, y van más allá de los individuos involucrados, afectando a sus familias, trabajos y comunidades.
El problema también se ve agravado por la vulnerabilidad de ciertos grupos, como peatones, ciclistas y motociclistas, así como los costos tanto económicos como en términos de dolor y sufrimiento humano asociados a las lesiones sufridas en los accidentes de tránsito.
▶ Te puede interesar | Secuestran dos motos en Lehmann
A nivel nacional, los accidentes de tránsito son una cuestión preocupante, con aproximadamente 4,000 muertes y más de 100,000 personas lesionadas cada año en Argentina. El 45% de las personas lesionadas son jóvenes entre 15 y 34 años.
Para abordar este problema de salud pública, es crucial que el sector de la salud se involucre en acciones preventivas y de atención adecuada. La integración de la seguridad vial en las áreas de promoción de la salud y la mejora de la atención prehospitalaria y de emergencia son pasos fundamentales.
Además, es esencial que los diversos sectores trabajen en coordinación, aplicando enfoques interdisciplinarios para lograr un cambio en la conciencia ciudadana y prevenir accidentes antes de que ocurran.
La seguridad vial es un desafío complejo que requiere la participación de todos los actores involucrados, desde las autoridades gubernamentales hasta la sociedad civil, para reducir la incidencia de accidentes de tránsito y proteger la vida de los jóvenes y de todos los ciudadanos.
