Buenos Aires, Argentina.- La Fiscalía apeló este lunes la medida que permite a Cristina Kirchner cumplir su condena a seis años de cárcel por la Causa Vialidad en prisión domiciliaria, solicitando que sea trasladada a una unidad carcelaria.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un dictamen ante la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de que la ex Presidenta deje su departamento en el barrio de Monserrat y cumpla su pena tras las rejas.
Los fiscales argumentaron que “jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.
Además, enfatizaron que, al haber sido sentenciada “como coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, las penas por casos graves de corrupción pública deben cumplirse en establecimientos carcelarios.
Los argumentos de la prisión domiciliaria y la refutación fiscal
El Tribunal Oral Federal N°2 había otorgado la prisión domiciliaria a la ex Presidenta el pasado 17 de junio, fundamentando su fallo en tres puntos clave: la edad de la imputada (72 años), el atentado que sufrió en septiembre de 2022 —lo que, según el tribunal, requeriría su aislamiento para garantizar su seguridad de forma inconstitucional—, y la supuesta incapacidad de las fuerzas federales para adaptarse a los protocolos de seguridad sin violar sus derechos.
Sin embargo, Luciani y Mola refutaron estos argumentos, señalando que el Tribunal no tuvo en cuenta un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación que indicaba posibles lugares de detención adecuados a las condiciones de la ex Presidenta. “No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”, aseveraron.
Trato preferencial: el principal reproche de la Fiscalía
Finalmente, la Fiscalía denunció que Cristina Kirchner ha recibido un trato preferencial en comparación con los otros condenados en la Causa Vialidad.
“Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal”, concluyeron.
La apelación presentada por Luciani y Mola será ahora analizada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, lo que abre una nueva instancia en el proceso judicial de la ex Presidenta.