En una decisión unánime, la Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó recientemente una ley que dispensa, por única vez, a las comisiones comunales de la obligación de abrir una cuenta única por sublema para las elecciones convocadas por el Decreto Nº 2656/24.
Esta medida excepcional se aplica a los cargos de miembros titulares y suplentes de comisiones comunales y fue impulsada para facilitar el proceso electoral en localidades de menor tamaño.
La Ley Nº 12080, que regula las campañas electorales en la provincia, establece que los fondos destinados a financiar las campañas deben depositarse en una cuenta única por sublema, abierta en una institución bancaria o entidad financiera reconocida por el Banco Central de la República Argentina.
Sin embargo, la nueva norma sancionada permite una excepción a este requisito para las elecciones actuales, aunque mantiene la obligación de cumplir con las formalidades legales relativas a los ingresos y egresos de campaña.
Alcances y fundamentos de la ley
El proyecto, que se inició en el Senado a instancias del legislador Felipe Michlig, fue debatido y aprobado en Diputados con el respaldo de todos los bloques.
Durante la sesión, la diputada Ximena Sola (Pro) aclaró que la reglamentación de la ley especificará que esta dispensa aplica únicamente para comunas de hasta 500 habitantes. Esta salvedad ya estaba contenida en los fundamentos del proyecto, pero se reforzó durante el debate para evitar confusiones.
Además, la ley sancionada insta a las autoridades provinciales con competencia electoral a agilizar los trámites de inscripciones fiscales en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de apertura de cuentas bancarias para aquellas listas comunales que no hagan uso de la autorización excepcional prevista en la norma.
Contexto y objetivos
La medida busca simplificar el proceso electoral en localidades pequeñas, donde la gestión de cuentas bancarias y trámites financieros puede representar un obstáculo logístico para las comisiones comunales.
Al mismo tiempo, la ley mantiene el control sobre los ingresos y egresos de las campañas, garantizando la transparencia en el uso de los fondos.
Esta decisión legislativa refleja un esfuerzo por adaptar las normativas electorales a las realidades de las comunidades más pequeñas, facilitando su participación en el proceso democrático sin renunciar a los principios de transparencia y responsabilidad financiera. La reglamentación de la ley, que se espera en los próximos días, deberá precisar los detalles de su implementación y alcance.