El director general del CCIRR analizó el impacto del tributo en la competitividad de las empresas.
En una entrevista con medios de la ciudad, Iván Acosta expuso la postura del CCIRR en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos. Aunque reconoció que este tributo representa más del 80% de los ingresos provinciales -lo que hace compleja su eliminación en lo inmediato- indicó que existen alternativas de corto plazo para reducir su impacto, como la unificación y/o la reducción de alícuotas y la eliminación de los regímenes de pago anticipado, los cuales generan saldos a favor de las empresas que resultan difíciles de recuperar.
“Este impuesto se calcula sobre la venta total sin considerar los márgenes de rentabilidad. Es considerado uno de los tributos más distorsivos del sistema, y encarece los precios para el consumidor”, explicó, al tiempo que insistió en la necesidad de generar consensos entre las provincias para avanzar hacia un esquema tributario más equitativo.
Acosta también mencionó el impacto que tienen las tasas municipales en la rentabilidad de las empresas, y destacó que en muchos casos lo aportado no guarda relación directa con los servicios prestados.
En Rafaela, detalló, el Derecho de Registro e Inspección (DREI) representará casi 17.000 millones de pesos en el presupuesto municipal del corriente año, una cifra significativamente superior a la recaudación de la Tasa General de Inmuebles.
“Muchas veces pasa que las tasas municipales van ganando preponderancia. En muchos casos, llegan a considerarse desproporcionadas por no guardar relación con el costo de servicio efectivamente prestado, rozando algunas cuestiones de legalidad y constitucionalidad. De hecho, hay muchísimos planteos y reclamos en distintos niveles de la justicia sobre este tema, como el reciente caso del Banco Nación. Y así sucede con todas las empresas”, aseguró.
Para finalizar, Acosta resaltó la importancia de acceder a información detallada sobre el origen de los recursos tributarios en la provincia, y adelantó que la entidad ha solicitado datos desagregados por sector y región para evaluar si la distribución de los fondos provinciales es equitativa en función de lo que aportan los contribuyentes de Rafaela. “Es un ejercicio de transparencia que permitirá discutir con fundamentos cómo se administran los recursos”, concluyó.