La oposición presiona para derogar el DNU 656/24 que otorga 100 mil millones de pesos a la nueva SIDE. La Cámara de Diputados busca una mayoría para rechazarlo.
La política argentina vive momentos intensos con la introducción del DNU 656/24, mediante el cual el Gobierno ha decidido asignar 100 mil millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La medida ha despertado una ola de rechazo entre distintos sectores de la oposición, quienes buscan anular el decreto. En la Cámara de Diputados, se observa un conteo provisorio que sugiere una posible mayoría capaz de rechazar esta iniciativa del Ejecutivo.
El bloque radical, junto con otras facciones opositoras como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, lidera el movimiento contra el DNU. Este decreto, que fue remitido al Congreso este jueves, está ahora sujeto a los plazos establecidos por la Ley 26.122 para su tratamiento legislativo.
El bloque de Hacemos Coalición Federal, liderado por Margarita Stolbizer, presentó un proyecto para anular el DNU, respaldado por diputados influyentes como Emilio Monzó y Mónica Fein. La Coalición Cívica, con figuras como Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, también ha sumado esfuerzos para declarar el decreto “nulo de nulidad absoluta e insanable”.
El impacto financiero del decreto ha sido uno de los principales argumentos de la oposición. La Unión Cívica Radical (UCR), en un comunicado, criticó duramente la asignación de 100 mil millones de pesos a la SIDE, multiplicando por ocho su presupuesto anterior, mientras que sectores como los jubilados siguen esperando mejoras en sus ingresos.
Para que el decreto sea rechazado, no solo es necesario que Diputados alcance una mayoría de 129 votos, sino que este resultado debe replicarse en el Senado, donde el escenario parece más complicado. En el Senado, La Libertad Avanza, partido aliado al oficialismo, ya ha enfrentado desafíos similares, como el rechazo al DNU 70/23, aunque sin éxito definitivo.
La reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, prevista para el próximo 8 de agosto, se perfila como un momento crucial en este conflicto. A la espera de un dictamen sobre el DNU, el tiempo es un factor crítico, ya que la ley estipula un plazo de 10 días hábiles para que la bicameral se pronuncie sobre la validez del decreto.
Mientras tanto, la oposición sigue aumentando la presión. Los diputados Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot (HCF), junto al senador Carlos “Camau” Espínola, han solicitado una convocatoria urgente a la Bicameral para revisar el decreto, señalando que la comisión ha estado inactiva desde abril, a pesar de los compromisos de reuniones semanales.
Este conflicto sobre el DNU 656/24 es una muestra de las tensiones políticas en Argentina y la lucha por el control de los recursos y el poder. Con la oposición decidida a bloquear la medida y el Gobierno defendiendo su posición, el desenlace en el Congreso será decisivo para el futuro de la política nacional.
