El senador por el departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, fue imputado este martes en una causa que lo vincula con una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe.
La audiencia, que tuvo lugar en la sala 7 del tribunal, fue presidida por la jueza Eleonora Verón, y se realizó luego de que Traferri renunciara a sus fueros, permitiendo que el proceso judicial avanzara.
Los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina estuvieron a cargo de la imputación, en el marco de una investigación que ha captado la atención pública desde su inicio.
Traferri está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita destinada a proteger el juego ilegal en la provincia, aprovechando su influencia como senador para infiltrarse en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según los fiscales, el legislador usó su posición para crear una red de contactos dentro de la justicia y promovió la creación de una comisión bicameral que buscaba legislar en favor de Leonardo Peiti, un conocido financista del juego clandestino.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron pruebas que indicaban que Traferri facilitó reuniones clave, incluyendo con el ministro de justicia, y gestionó el traspaso de acciones de una empresa relacionada con el juego clandestino a Oscar “Popi” Larrauri.
Además, la acusación detalló que el senador ordenaba a los integrantes de la banda no mencionarlo en conversaciones telefónicas, buscando así protegerse de posibles investigaciones.
La fiscalía también reveló que Traferri utilizó su influencia para proteger a Leonardo Peiti y su entorno. En 2017, logró que Patricio Serjal, entonces jefe de fiscales de Rosario, archivara una causa que involucraba al hermano de Peiti, presentándolo como un “amigo”.
Además, concentró las causas relacionadas con el juego ilegal en manos de fiscales cercanos, como Ponce Asahad y Serjal.
Por último, se atribuye al senador haber recibido dinero de Peiti, ya sea de manera directa o a través de intermediarios, como los señores Paulichenco y Scataglini, para proteger los negocios ilícitos del capitalista.