El juez Gustavo Bumaguin ordenó la medida tras considerar los riesgos de entorpecimiento de la investigación y presión a testigos. Los tres imputados están acusados de abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
En el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, con sede en Rafaela, el juez Gustavo Javier Bumaguin dispuso este martes la prisión preventiva de tres funcionarios policiales: N.N., A.F. y C.M..
La audiencia, celebrada en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial, fue impulsada por la fiscal Fabiana Andrea Bertero, quien detalló al menos cuatro hechos en los que los imputados habrían incurrido en abuso de autoridad, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Entre las acusaciones, destaca el presunto pedido de un millón de pesos a un interno para evitar su traslado, la omisión en el registro de secuestros de celulares, televisores y estupefacientes, así como el uso no autorizado de dispositivos dentro de los pabellones. La fiscal también mencionó entrevistas realizadas a personal de la Alcaidía que confirmarían los hechos denunciados.
Una defensa enérgica y detallada
Durante la audiencia, el abogado defensor Carlos Luis Farías Demalde rechazó los cargos y cuestionó la solicitud de prisión preventiva. Calificó la medida como “desproporcionada, desmedida y exagerada” y argumentó que la fiscalía no logró acreditar los requisitos exigidos por el artículo 220 del Código Procesal Penal, en especial el inciso 1, que exige probabilidad de autoría.
El letrado sostuvo que la acusación contra N. N. por exacciones ilegales se basaba exclusivamente en la declaración de un único interno, L. B., sin contrastes ni entrevistas a otros detenidos, lo que, según él, restaba objetividad y solidez al relato.
También cuestionó la credibilidad del denunciante por sus antecedentes penales y sus conflictos previos con Núñez, incluyendo una relación sentimental con una agente de la Alcaidía y su historial de haber enseñado taekwondo al hijo del imputado.
Respecto a otras acusaciones, como permitir el uso de celulares o encubrir un hecho delictivo vinculado a otra causa, Farías Demalde afirmó que “no se tomaron entrevistas a los internos mencionados ni se produjo la mínima prueba necesaria para sostener los hechos”, y advirtió sobre el uso de “meras conjeturas y evidencias endebles”.
El abogado también argumentó que los delitos imputados, en caso de condena, tendrían penas bajas y de cumplimiento condicional. Destacó que sus defendidos carecen de antecedentes penales, tienen arraigo familiar y laboral y se presentaron voluntariamente ante la justicia.
En consecuencia, propuso medidas alternativas a la prisión, como la fijación de domicilio fuera de Rafaela, presentación periódica, prohibición de contacto con testigos y una caución personal de 5 millones de pesos por cada imputado.
“Está en juego la libertad de tres padres de familia con legajos intachables. No se puede avanzar hacia una prisión con este nivel de fragilidad probatoria”, enfatizó en su alegato final.
Resolución judicial
No obstante, el juez Gustavo Bumaguin determinó que existen riesgos procesales concretos, como el posible entorpecimiento de la investigación, la coacción a testigos y la gravedad de los delitos imputados, cuyas penas podrían ser de cumplimiento efectivo.
En consecuencia, resolvió dictar prisión preventiva sin plazo para N. N. y por 60 días para A. F. y C. M. El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación.