Un fallo del juez Juan Francisco Tapia establece límites al accionar del Cuerpo de Patrulla Municipal de General Pueyrredón, tras denuncias de hostigamiento y violencia. La decisión se da en medio de una polémica por la muerte de un indigente.
La Justicia de Mar del Plata ha puesto un límite claro al controvertido accionar del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) de General Pueyrredón. El juez de Garantías N° 4, Juan Francisco Tapia, hizo lugar a un recurso de habeas corpus presentado por referentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó a las autoridades que “omitan todo despliegue por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre indigentes que impliquen violencia física o verbal, así como también la sustracción de documentos u objetos personales”.
La resolución busca resguardar “el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable” que ha sido objeto de denuncias por el accionar de la Patrulla.
La medida judicial llega en un contexto de creciente tensión en Mar del Plata, donde el Cuerpo de Patrulla Municipal, impulsado por el intendente Guillermo Montenegro, ha acumulado múltiples denuncias por su presunta violencia contra personas en situación de calle, bajo la excusa de “liberar el espacio público”. Este accionar ha sido comparado por algunos críticos con la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) que operó en la Ciudad de Buenos Aires.
La muerte de un indigente y nuevas denuncias agravaron la polémica
El fallo del juez Tapia cobra especial relevancia tras la reciente muerte de Gustavo Héctor Cabello, un indigente de 52 años, que falleció el pasado lunes en plena ola de frío que azotó la ciudad. Este trágico suceso reavivó las críticas y generó nuevas denuncias sobre el “enfoque represivo que discrimina, criminaliza la pobreza y transforma la pobreza y marginalidad en una amenaza a ser eliminada del espacio público”.
Tras el fallecimiento de Cabello, el abogado Julio Hikkilo, titular de la Casa del Trabajador, presentó una acción judicial directamente contra el intendente Guillermo Montenegro y la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Vilma Baragiola, por la posible comisión de delitos como “homicidio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
Hikkilo detalló en su presentación que las patrullas municipales, al recorrer las calles, supuestamente “mediante el uso sistemático de la fuerza, hostigan a las personas que pernoctan en la vía pública, despojándolas violentamente de sus escasos elementos de abrigo que son provistos solidariamente por vecinos y organizaciones sociales”. El letrado calificó esta práctica como “una forma de castigo por el solo hecho de estar en situación de calle”, una “lógica punitivista que estigmatiza la pobreza y fomenta el odio hacia quienes la padecen”, agravada en el contexto de las bajas temperaturas.
Un Control Necesario que Debe Respetar los Derechos Humanos
El juez Tapia, en su resolución, fue enfático al remarcar que su decisión “no implica desconocer las facultades conferidas al municipio en el control del espacio urbano, todo lo contrario”. Sin embargo, subrayó que “de lo que se trata es de la realización de procedimientos respetuosos de la vida, la integridad física y la dignidad de las personas respecto de las cuales se ejerce la respuesta estatal”.
La Mesa contra la Violencia Estatal de General Pueyrredón también se ha pronunciado, calificando a la Patrulla Municipal como una “fuerza de choque” cuyos actos violentos “se repiten todos los días en el distrito, como política municipal”. Este colectivo denunció que “notas, habeas corpus, denuncias penales, nunca fueron respondidos” y que el Concejo Deliberante “archiva automáticamente los pedidos y denuncias con la mayoría automática del jefe comunal”.
El intendente Montenegro, quien ha mostrado una creciente cercanía con La Libertad Avanza, creó el Cuerpo de Patrulla Municipal en 2020 con el objetivo declarado de “implementar programas de seguridad comunitarias, prevención de ilícitos e infracciones, así como también promover el desarrollo de estrategias que tiendan a optimizar la seguridad pública e interactuar con otras áreas de gobierno”. No obstante, el jefe comunal ha sido criticado por su constante promoción en redes sociales de videos que muestran un accionar violento contra personas en situación de calle, lo que muchos interpretan como una criminalización de la pobreza.
Este fallo judicial marca un precedente importante y exigirá al municipio de General Pueyrredón una readecuación en el accionar de su Patrulla Municipal, priorizando el respeto por los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad marplatense.