Una auditoría interna destapó una grave irregularidad en el Poder Judicial de Río Negro, una empleada fue exonerada tras acumular más de 400 días de licencia en cuatro años y cobrar sueldos mientras trabajaba activamente en otros dos organismos públicos.
El Poder Judicial de la provincia de Río Negro se vio sacudido por un escándalo que involucra a una de sus empleadas. Paula P. fue exonerada de su cargo tras una exhaustiva auditoría interna que reveló un alarmante patrón de ausencias y su simultáneo desempeño laboral en otras dos instituciones estatales.
La investigación, iniciada en mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani, puso la lupa sobre la trayectoria de Paula P. Se constató que, entre 2019 y 2023, la empleada acumuló más de 400 días de licencia, justificadas con certificados médicos y licencias extraordinarias. Un dato aún más llamativo fue su traslado a la provincia de Neuquén durante la pandemia, sin que esto interrumpiera el cobro de su salario como empleada judicial rionegrina.
Las pesquisas se extendieron a organismos nacionales como la AFIP y la ANSES, cuyos informes confirmaron una grave incompatibilidad legal. Paula P. figuraba como empleada activa tanto en la Municipalidad de San Martín de los Andes como en la Obra Social de Petroleros Privados, mientras percibía su sueldo en el Poder Judicial de Río Negro.
Ante las evidencias, Paula P. alegó desconocimiento de la normativa y argumentó dificultades personales. Sin embargo, los instructores del sumario fueron contundentes al señalar que su conducta constituyó una clara violación de los artículos 8 inciso a) y 9 de la Ley Orgánica 5731 y la Ley de Ética Pública L3550.
La sanción no tardó en llegar. El Superior Tribunal de Justicia dictó la exoneración definitiva de Paula P. el 12 de febrero de 2025. Pero las consecuencias podrían ir más allá de la pérdida de su empleo judicial. El máximo tribunal provincial ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que se evalúe la posible iniciación de una causa penal por el eventual perjuicio económico ocasionado al Estado, en relación con los salarios percibidos durante sus prolongadas ausencias injustificadas.