Una investigación reveló una malversación de 45 millones de pesos mensuales en el sistema de carga de combustible para patrulleros de la Unidad Regional II de Rosario, lo que derivó en una intervención policial, la detención de 13 agentes y 4 civiles, y el desplazamiento de la cúpula policial.
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por un plazo de 90 días la Unidad Regional II de la Policía, correspondiente al departamento Rosario, tras destaparse un grave caso de presunta malversación de fondos en la asignación de combustible para los móviles policiales. El escándalo, que sacudió las filas de la fuerza de seguridad, culminó con la detención de trece policías, algunos de ellos con una trayectoria reconocida, y cuatro civiles.
En una conferencia de prensa realizada este lunes por la tarde en la Sede de Gobierno, el fiscal regional Matías Merlo y el fiscal José Luis Caterina brindaron detalles de la investigación, que se extendió durante diez meses y fue llevada adelante por la Dirección de Asuntos Internos a partir de una denuncia anónima.
El fiscal Caterina calificó la malversación de caudales públicos como de “mucha consideración”, estimando en 45 millones de pesos mensuales el monto sustraído al Estado, sobre un presupuesto total de 380 millones asignados mensualmente al patrullaje en la región.
Caterina señaló que una estación de servicio se encuentra seriamente comprometida en la trama de corrupción. Además, precisó que la mayoría de los trece policías detenidos ostentan cargos “jerárquicos” dentro de la Unidad Regional II. Sin embargo, aclaró que ni el ahora ex jefe de la UR II, Daniel Acosta, ni su segundo, Mariano Govi, fueron aprehendidos, aunque sí fueron separados de sus respectivos cargos.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, al anunciar la intervención de la UR II y la designación del director general Claudio Romano (recientemente reincorporado tras su retiro) como interventor, explicó que Acosta y Govi fueron “desplazados por efecto mismo de esta intervención”. Cococcioni también informó sobre una auditoría general que se llevará a cabo, con especial énfasis en el área de movilidad y los controles de carga de combustible. Asimismo, los 13 policías arrestados fueron pasados a disponibilidad “en forma preventiva y sin prejuzgar”.
La investigación continúa en curso para determinar el alcance total de la malversación y la posible implicación de más personas en este escandaloso caso de corrupción policial.