En 17 meses de gestión, el Gobierno nacional desvinculó a cerca de 48.000 trabajadores estatales, logrando una significativa reducción en el empleo público que, según estimaciones oficiales, generará un ahorro anual de casi 1.900 millones de dólares.
El Gobierno de Javier Milei ha concretado una reducción cercana al 10% en el empleo público durante sus primeros 17 meses de mandato, desvinculando a un total de 47.925 trabajadores estatales. Esta medida, una de las banderas de la actual administración, se traduce en un ahorro anual estimado de US$1.885 millones, según un informe de la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El informe detalla que entre diciembre de 2023 y abril de 2025, la planta de personal del sector público se contrajo un 9,6%. La Administración Pública Nacional (APN) experimentó una disminución del 13,7%, mientras que las empresas estatales mostraron una caída aún mayor, del 16,4%.
El impacto de la “motosierra” en el Estado
El reporte subraya el descenso en los diversos tipos de vinculación laboral dentro de la APN, evidenciando el efecto de la política de “motosierra” impulsada por el oficialismo. Específicamente, el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17) experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2% respectivamente.
Desde el Gobierno, se calculó que la reducción de personal generará un ahorro anual de 942,5 millones de dólares solo en sueldos. Sin embargo, al considerar los gastos en infraestructura laboral (espacio de oficina, mobiliario, equipos, suministros y servicios varios), que se estima duplican el salario de cada empleado, el ahorro anual total asciende a los mencionados 1.885 millones de dólares.
Desglose del ahorro por tipo de contrato
El estudio precisó que el ahorro varía según el tipo de contrato dentro de la APN:
La reducción de personal en los contratos regidos por la Ley Marco significó un ahorro anual de 231 millones de dólares en sueldos, alcanzando los 462 millones de dólares al incluir los costos de infraestructura laboral.
En el caso del personal bajo modalidades permanente y transitoria, el ahorro anual en sueldos fue de 254 millones de dólares, sumando un total de 508 millones de dólares con los costos adicionales.
Para los contratos LOYS, el ahorro anual en sueldos se estimó en 67 millones de dólares, llegando a un total de 134 millones de dólares al considerar los gastos en infraestructura laboral.
Desde la cartera de Desregulación, se destacó que esta medida “refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública”. Además, se anticipó que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.