En el marco de una maratónica sesión este jueves, la Cámara de Senadores aprobó la denominada Ley Antimafia, una normativa que busca un abordaje integral del crimen organizado en Argentina.
La ley introduce reformas al Código Penal, endureciendo las penas para delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Tras la aprobación, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, celebró la medida a través de la red social X (antes Twitter), afirmando: “Ley Antimafia, ¡adentro!”.
Bullrich destacó que esta nueva normativa representa “un cambio de paradigma penal” y señaló: “Chau Zaffaroni”, en referencia a la doctrina impulsada por el exministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Además, enfatizó: “Con esta ley cortamos al crimen organizado de raíz. No nos llevamos de a uno; sacamos a todos los miembros de la mafia, juntos, y de raíz”.
La ministra también resaltó que, con esta ley, Argentina se posiciona a la “vanguardia en la lucha contra el crimen organizado”, equiparándose con estándares internacionales en la materia.
Detalles de la ley
El proyecto fue aprobado con 38 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones. El oficialismo contó con el apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y otros aliados.
Sin embargo, los integrantes de la bancada de Unión por la Patria se retiraron del recinto antes de la votación, con excepción de Marcelo Lewandowski (de Santa Fe) y Carolina Moisés (de Jujuy), quienes permanecieron en sus bancas y votaron a favor de la iniciativa.
Entre las principales medidas de la nueva ley, se destacan:
- Penas de 8 a 20 años de prisión para quienes pertenezcan a organizaciones criminales.
- La pena máxima aplicable al delito más grave cometido por una organización se extenderá a todos sus miembros, independientemente de su rol dentro de la estructura.
Impacto y proyección
La Ley Antimafia representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en Argentina, al establecer un marco legal más robusto y herramientas efectivas para desarticular redes delictivas.
Su aprobación marca un hito en la política de seguridad del país y refleja un consenso amplio en el Senado para enfrentar este flagelo de manera contundente.
Con esta normativa, el Estado argentino busca no solo castigar con mayor severidad a los integrantes de organizaciones criminales, sino también desalentar la formación y expansión de estas estructuras delictivas.
La ley se enmarca en un contexto global donde el crimen organizado representa una amenaza creciente, y su implementación podría servir como modelo para otros países de la región.