El Gobierno argentino ha anunciado que está considerando un nuevo proyecto que busca cobrar por los servicios de salud pública a los ciudadanos extranjeros no residentes, una medida que se suma al plan previamente revelado de aplicar un arancel a los extranjeros que cursen estudios en las universidades públicas.
Este proyecto ha generado un intenso debate tanto a nivel político como social, ya que plantea cuestiones sobre el acceso a los servicios esenciales y la equidad en su distribución.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, confirmó la propuesta en una reciente entrevista. Según Francos, la medida responde a la necesidad de “ser más conscientes” con la gestión de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde una gran cantidad de extranjeros utilizan los hospitales públicos argentinos para tratarse sin aportar al sistema de salud.
El funcionario señaló que, si bien Argentina ha sido generosa en la prestación de servicios a extranjeros, es necesario priorizar a los ciudadanos nacionales, considerando que el país enfrenta altos niveles de pobreza.
Francos se mostró crítico ante la situación actual, argumentando que “no es justo” que se destinen recursos a extranjeros cuando muchos argentinos, especialmente los más vulnerables, aún no reciben la atención adecuada.
Según el jefe de Gabinete, esta medida busca crear un equilibrio justo, donde los extranjeros puedan seguir accediendo a los servicios, pero haciéndose responsables de los costos asociados, tanto en salud como en educación.
En varias provincias argentinas, como Jujuy, Salta, Mendoza y Santa Cruz, ya se han implementado sistemas que cobran a los extranjeros por los servicios de salud pública, un modelo que el gobierno nacional busca expandir a todo el territorio.
El objetivo es darle un marco legal unificado a esta práctica y aplicar criterios uniformes que regulen el cobro a extranjeros no residentes.
En cuanto a la educación, el Gobierno también avanza en un proyecto para cobrar un arancel a los extranjeros no residentes que cursen estudios en universidades públicas.
Esta propuesta se enmarca en un contexto de ajustes presupuestarios que afectaron a las casas de altos estudios, motivo por el cual el Ejecutivo vetó la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa de arancelar a los estudiantes extranjeros sería presentada ante el Congreso para su discusión, ya que actualmente la Ley de Educación Superior, Nº 24.521, prohíbe el cobro de aranceles en las instituciones estatales para los estudios de grado.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sería el encargado de reglamentar esta propuesta, la cual busca reformar la normativa actual para permitir que las universidades públicas cobren a los extranjeros no residentes.
La medida ha suscitado una fuerte polémica entre quienes consideran que la educación debe ser un derecho universal y gratuito, y aquellos que argumentan que, en un país con limitados recursos y un alto nivel de pobreza, es necesario redistribuir mejor los fondos y priorizar a los ciudadanos locales.
Este debate toca fibras sensibles en Argentina, un país con una larga tradición de ofrecer servicios de salud y educación gratuitos, no solo a sus ciudadanos, sino también a personas de otros países.
Sin embargo, el actual contexto económico y social, marcado por la escasez de recursos y las crecientes demandas internas, está llevando al gobierno a reconsiderar estas políticas históricas.
El camino para implementar estas medidas no será fácil, ya que requieren cambios legislativos que deberán ser discutidos y aprobados en el Congreso.
A pesar de las posibles resistencias, el gobierno parece decidido a avanzar con estas propuestas como una forma de equilibrar la distribución de los recursos y garantizar una mayor sostenibilidad financiera del sistema público en el futuro.