El Gobierno argentino está trabajando intensamente en un proyecto de ley que busca clasificar a los barrabravas como organizaciones criminales.
Esta medida, sin precedentes, apunta a reforzar la seguridad en eventos deportivos y sancionar actividades ilegales asociadas con estas agrupaciones.
Penas severas para actividades delictivas
El proyecto de ley, actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, propone penas de dos a cuatro años de prisión para quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo.
Además, la normativa pone en el foco de la discusión a los organizadores de eventos deportivos, exigiéndoles garantizar la seguridad en los estadios. Se penalizará a aquellos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso a personas con antecedentes penales.
Con estas medidas, se busca erradicar actividades como el transporte de armas, la reventa de entradas y el control de estacionamientos por “trapitos” cerca de los estadios.
Además, se pretende cortar las fuentes de financiamiento de las barrabravas, sustentadas en prácticas ilegales como extorsiones y amenazas.
Responsabilidad de los dirigentes deportivos
Los dirigentes deportivos que colaboren con las barrabravas también estarán bajo la lupa. Aquellos que entreguen entradas o mantengan vínculos conniventes con estas organizaciones podrán enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión. Este apartado del proyecto subraya la importancia de la integridad y responsabilidad en la gestión de eventos deportivos.
Otra medida destacada es la rigurosidad en las inhabilitaciones administrativas. Las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios de personas imputadas por delitos, incluso si no hay una sentencia definitiva en su contra.
Un paso firme hacia la recuperación del fútbol
El objetivo central de esta ley es cerrar cualquier brecha legal que permita a las barrabravas operar con impunidad. Con este enfoque, el Gobierno busca erradicar el control territorial y financiero que estas organizaciones ejercen dentro y fuera de los estadios. La normativa pretende consolidar una postura firme para recuperar la integridad del fútbol como espectáculo deportivo y garantizar un entorno seguro para todos los asistentes.
Estas medidas, aunque estrictas, son vistas como necesarias para combatir el fenómeno de las barrabravas y devolverle al fútbol argentino la paz y seguridad que merece.