En una decisión que marca un cambio de rumbo en la política habitacional del país, el Gobierno nacional oficializó la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el decreto 70/2025.
La medida, publicada en las primeras horas de este martes, establece que la gestión de la política de vivienda quedará en manos de las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado nacional en esta materia.
La secretaría, que dependía del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, tenía a su cargo programas emblemáticos como Casa Propia y Procrear.
Con su disolución, las responsabilidades serán transferidas a la Secretaría de Obras Públicas, que tendrá la tarea de finalizar los proyectos en curso y coordinar con las jurisdicciones locales la continuidad de las políticas habitacionales.
El decreto argumenta que esta decisión responde a la convicción de que “la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado”.
Sin embargo, la medida llega en un contexto crítico para el acceso a la vivienda en Argentina, con un aumento de la población en situación de vulnerabilidad, asentamientos precarios y una crisis habitacional que se agrava día a día.
Impacto laboral y social
La eliminación de la secretaría no solo implica un cambio en la gestión de las políticas públicas, sino también un impacto directo en el empleo. Desde los gremios advierten que alrededor de 500 trabajadores podrían perder sus puestos. Aunque el decreto establece que los empleados de planta permanente quedarán sujetos a la normativa vigente, la incertidumbre sobre el futuro laboral de muchos de ellos persiste.
Además, la decisión de trasladar la responsabilidad a las provincias y municipios genera dudas sobre la capacidad de estas jurisdicciones para asumir el desafío.
Un ejemplo claro es la Provincia de Buenos Aires, que dejó de recibir más de 220 mil millones de pesos en fondos nacionales. Este desfinanciamiento dificulta aún más la posibilidad de que las administraciones locales puedan hacerse cargo de proyectos habitacionales de gran escala.
El rol del sector privado
El Gobierno sostiene que el acceso a la vivienda debe ser gestionado a través de créditos personales del sector privado, argumentando que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos”.
Sin embargo, esta postura no tiene en cuenta las limitaciones que enfrentan muchas familias para acceder a créditos, especialmente en un contexto de inflación, salarios bajos y alquileres inalcanzables.
Un futuro incierto
La eliminación de la Secretaría de Vivienda se suma a otras medidas recientes, como la disolución del fondo fiduciario del Procrear en noviembre del año pasado.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las obras en vivienda ya estaban prácticamente paralizadas, con una caída del 93% en su ejecución.