En una medida que ha generado intensos debates, el Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, decidió dar de baja las asignaciones de privilegio que percibía la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según informó Manuel Adorni, vocero presidencial, esta acción representa un ahorro significativo de 21.827.000 pesos anuales para el Estado.
Una decisión fundamentada en razones legales y éticas
La resolución se enmarca en el contexto de la reciente confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, dictada por la Cámara de Casación Penal. Según el comunicado oficial, la medida no constituye una sanción accesoria de la sentencia penal, sino que responde al principio de indignidad, establecido en la legislación vigente.
De acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, estas asignaciones, previstas en la Ley N° 24.018, no poseen carácter contributivo. Se trata de beneficios graciables otorgados como reconocimiento al mérito, honor y buen desempeño en cargos presidenciales. Sin embargo, desde el Gobierno se argumenta que la condena judicial contradice los principios que justifican dichos privilegios.
“La condena afecta el presupuesto legal que sustenta este privilegio, que ya de por sí es objeto de controversia. Resulta incompatible mantener esta asignación frente a una sentencia judicial que acredita un delito contra la administración pública”, expresó Adorni en el comunicado.
Impacto económico y político de la medida
Más allá del ahorro económico, esta decisión tiene implicancias políticas de gran alcance. Marca un cambio de enfoque en la administración de beneficios a exfuncionarios y pone en el centro del debate la relación entre ética y política.
Mientras tanto, el entorno de Fernández de Kirchner no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, aunque se anticipa que la medida podría ser objeto de impugnaciones judiciales.
Con este movimiento, el Gobierno busca transmitir un mensaje claro: la gestión pública debe alinearse con principios de transparencia y responsabilidad. ¿Qué impacto tendrá esta decisión en el ámbito político y social? La respuesta se verá con el correr de los días.