En la tarde del miércoles 28 de mayo, la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias de Santa Fe, integrada por Sara Gardiol
(Carsfe); Soledad Diez de Tejada (SRA); Laura Llopi (Coninagro) y Marcela Fabrissín (FAA), realizó un fructífero encuentro de diálogo y debate con los Convencionales Constituyentes que desde el 14 de julio próximo plasmarán los cambios en la Carta Magna de los santafesinos.
La reforma de nuestra Constitución requiere de un debate profundo sobre los ejes que definirán a la provincia del futuro, por lo que la iniciativa pretendió aportar de manera proactiva algunos conceptos claves que permitirían optimizar los distintos tipos de producción santafesina, a través de un trabajo sostenible y sustentable.
En principio, se propusieron 4 temas para trabajar en conjunto: Ambiente, Gestión Pública y Transparencia, Seguridad y Justicia y
Educación.
Protección del ambiente
Los productores agropecuarios somos los mayores interesados en cuidar el campo, porque allí vivimos. Por eso, cuando se habla de “incorporar una regulación que consagre el derecho a un ambiente sano y sustentable (…), ordenamiento ambiental, desarrollo sostenible, y cambio climático”; creemos que este apartado es clave para el desarrollo agropecuario sostenible. Se reconoce que las actividades productivas deben ser ambientalmente sostenibles, pero también económicamente y socialmente viables, lo que impide regulaciones excesivas que paralicen la producción.
Se podrá constitucionalizar un ordenamiento territorial y ambiental que respete las necesidades productivas del sector rural, equilibrando conservación y uso racional, con el sustento de políticas de buenas prácticas agrícolas (BPA), certificación ambiental cooperativa y promoción de tecnologías sustentables.
Por otro lado, reconocer el desarrollo rural sostenible como un objetivo constitucional: No basta con mencionar el “desarrollo sostenible”. Debe especificarse que incluye también la sostenibilidad productiva: es decir, actividades agrarias ambientalmente responsables, pero también viables y competitivas.
Entendemos que PRODUCCIÓN y AMBIENTE son amigables y necesitan del ESTADO como ÁRBITRO y FACILITADOR. De allí que se deben incluir principios como el uso racional de los recursos naturales, la responsabilidad compartida en la conservación ambiental, la presunción de legalidad de la actividad productiva que cumple con la normativa vigente.
Los productores en actividad y que cumplen con estos principios merecen defensa sin lugar a dudas debido al alto nivel de impuestos a los cuales han sido sometidos durante décadas y merecen acomodarse antes de nuevas imposiciones. Y la participación de los sectores productivos en políticas ambientales merece beneficios económicos concretos.
Creemos que es necesario evitar la aplicación automática del principio precautorio que paraliza actividades. Proponer que el principio de precaución se aplique cuando haya evidencia científica seria de riesgo grave e irreversible, evitando usos abusivos que frenen innovación o producción. Dado que en los últimos 30 años no hay registros de daños, es una señal de la COMPATIBILIDAD de la PRODUCCIÓN con el CUIDADO AMBIENTAL
Es imperativo, por ello, reconocer a las entidades del agro como actores de política ambiental. Las entidades agropecuarias y productores son claves en conservación de suelos, manejo de cuencas, buenas prácticas agrícolas (BPA), bioeconomía, etc.
Gestión Pública y Transparencia
La situación fiscal actual expulsa a la familia rural de los campos: nuevos impuestos, y nuevas leyes que incrementan la ya insostenible presión impositiva ha hecho desaparecer a miles de pequeños agropecuarios que emigraron del interior.
En cuanto a las autonomías municipales, pedimos evitar modificaciones que avalen mayores gravámenes. Creemos en la gestión transparente de los recursos, y por eso, dejar atrás y para siempre los gastos reservados de senadores y funcionarios.
Sostenemos la importancia del acceso a la información pública, evitando la inequidad en la distribución de los recursos. Y nos preocupa la “eternización” en los cargos públicos. De allí que pedimos un límite en la continuidad en los cargos (legislativos y ejecutivos), que deben tener un tope de dos mandatos como máximo.
Seguridad y Justicia
Sobre la seguridad ciudadana, consultamos sobre cómo garantizará la reforma una mayor presencia y equipamiento de las fuerzas de seguridad en zonas rurales y urbanas para combatir el delito de manera efectiva. Y respecto al acceso a la Justicia, qué cambios propone la reforma para agilizar los procesos judiciales y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a una justicia rápida y efectiva.
La propuesta de esta Mesa de Enlace pasa por implementar medidas concretas para reducir el índice de inseguridad en todos los estratos sociales y territoriales. Fortalecer la presencia policial con adecuada formación para la prevención y esclarecimiento.
Se necesita agilizar procesos judiciales y garantizar la independencia del Poder judicial frente a presiones políticas o
económicas.
Impera la prevención y el abordaje de causas estructurales de la inseguridad.
Una Ficha Limpia que garantice candidatos sin antecedentes penales y al mismo tiempo que no sean víctima de denuncias infundadas.
Es imperioso limpiar la política contra posibles manipulaciones del sistema judicial. También proteger a los ciudadanos de delitos cibernéticos como fraude digital o robo de identidad.
Educación e infraestructura
Finalmente, se les preguntó sobre el rol de las Escuelas Rurales y las Agrotécnicas, y el rol inobjetable que hoy tiene la conectividad (de todo tipo) para poder vivir y enseñar en zonas rurales. Es fundamental considerar a la educación como un derecho.
Planteamos la necesidad de una mirada de largo plazo que proponga las obras de infraestructura para poder aprovechar todo el potencial productivo de la provincia.
Además, el tema del agua, que no puede limitarse al plano doméstico; para el agro es insumo estratégico. La reforma debe incluir esa perspectiva. Si bien la ley no menciona expresamente la educación cooperativa, proponemos habilitar la incorporación de normas sobre vinculación entre la educación y el mundo del trabajo.
Democratización del conocimiento y alfabetización digital. Impulsar la inclusión de contenidos obligatorios sobre valores, principios y herramientas cooperativas en todos los niveles educativos, especialmente en escuelas agrotécnicas y rurales. Participaron del encuentro las 4 titulares de la Mesa e Enlace Santafesina: Sara Gardiol (Carsfe); Soledad Diez de Tejada (SRA); Laura Llopi (Coninagro) y Marcela Fabrissín (FAA).
Por el lado de los convencionales constituyentes, estuvieron presentes Joaquín Blanco, Leonardo Diana, Esteban Motta, Julio Garibaldi, Rodrigo Borla y Felipe Michlig (UNIDOS). Elizabet Vidal y Javier Meyer (LLA). Juan Argañaraz, Lucila Lehmann y Silvia Malfesi (Somos
Vida y Libertad).
Agradecemos la presencia de los 11 participantes y lamentamos la no participación de los bloques Más por Santa Fe, Activemos y Frente de la Esperanza, los cuales fueron invitados, pero no asistieron.