Santa Fe, Argentina – La empresa de transporte a través de aplicaciones, DiDi, ha generado una nueva controversia en la ciudad de Santa Fe al anunciar el inicio de su servicio de traslados en moto, desafiando abiertamente una ordenanza municipal que prohíbe expresamente esta modalidad. La decisión de DiDi se suma a la operación preexistente de Uber Moto en la ciudad, intensificando el conflicto con los sectores del taxi y el remis.
El anuncio de DiDi, realizado este martes, reavivó de inmediato las tensiones con taxistas y remiseros, quienes desde hace tiempo vienen reclamando al intendente Juan Pablo Poletti una acción contundente para hacer cumplir la normativa vigente. Los trabajadores del transporte tradicional argumentan que la operación de servicios de moto taxi a través de plataformas digitales representa una competencia desleal que pone en riesgo sus fuentes de trabajo y elude los controles a los que ellos están sujetos.
La ordenanza municipal en cuestión prohíbe de forma clara el traslado comercial oneroso de personas en motovehículos, independientemente de cómo se gestione la contratación del viaje. A pesar de esta prohibición explícita, tanto Uber como ahora DiDi han optado por ofrecer este servicio en la capital santafesina.
Desde el municipio, la postura ha sido la de ratificar la ilegalidad del servicio de moto taxis a través de aplicaciones. Funcionarios locales han señalado que se continuará con los controles y la retención de motovehículos que sean utilizados para este fin. Han destacado, además, que la normativa local ha sido incluso considerada como modelo en otras jurisdicciones para la regulación de las plataformas de transporte.
La situación pone de manifiesto la compleja convivencia entre las nuevas tecnologías y las regulaciones existentes en el ámbito del transporte urbano, así como la fuerte presión de los sectores tradicionales que ven amenazada su actividad por la irrupción de estas plataformas y modalidades de servicio. La controversia en Santa Fe subraya el desafío que enfrentan las autoridades locales para integrar o regular las aplicaciones de transporte de manera que se garantice la seguridad de los usuarios y se aborde la preocupación por la competencia leal en el sector.