La Cámara de Diputados se prepara para un debate crucial sobre la edad de imputabilidad. El oficialismo impulsa un proyecto que establece el umbral en 14 años, buscando consenso con otros bloques para su aprobación en un plenario de comisiones el próximo martes.
La reducción de la edad de imputabilidad se encamina hacia un debate definitorio en la Cámara de Diputados. El próximo martes, un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia se reunirá con el objetivo de unificar criterios y emitir dictamen sobre las diversas iniciativas presentadas en torno a este sensible tema.
Actualmente, el Régimen Penal Juvenil vigente en Argentina establece en 16 años la edad mínima para que un menor sea considerado penalmente imputable. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través de los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, había propuesto una modificación sustancial, buscando reducir ese umbral hasta los 13 años.
Ante la necesidad de construir un consenso más amplio en el Congreso, el bloque de La Libertad Avanza presentará una propuesta modificada. Este nuevo proyecto establece la edad de imputabilidad en 14 años, una estrategia con la que el oficialismo espera obtener el respaldo de bloques como el PRO, la UCR, el MID y otros espacios que suelen acompañar las iniciativas del gobierno.
En la actualidad, existen 14 proyectos en discusión que abordan la edad de imputabilidad desde diferentes perspectivas, manteniendo el umbral actual en 16 años hasta proponiendo una reducción a los 12 años. Además de la edad, las iniciativas también se enfocan en las sanciones aplicables a los menores que cometan delitos. En este sentido, se barajan diversas alternativas a la prisión, como la realización de servicios comunitarios, amonestaciones, la imposición de prohibiciones de acercamiento y la reparación económica a las víctimas.
Un punto en común en todas las propuestas en debate es la prohibición explícita de aplicar penas de reclusión o prisión perpetua a menores de edad. El texto original impulsado por el Ejecutivo establecía un límite máximo de 20 años de prisión, mientras que sectores de la oposición plantean un tope de 15 años.
Otro eje central de la discusión radica en la infraestructura necesaria para alojar a los menores infractores. Legisladores de diversas bancadas han advertido que una baja en la edad de imputabilidad podría generar un aumento significativo en la cantidad de jóvenes detenidos, señalando que el sistema actual carece de espacios adecuados para esta demanda. Además, han cuestionado la ausencia de una asignación presupuestaria específica en el proyecto para la construcción de nuevos centros de detención juvenil.