El debate sobre la construcción de una nueva Alcaidía en el norte de Rafaela continúa generando polémica en la ciudad, con cruces entre oficialismo y oposición, especialmente entre los concejales, quienes tendrán la última palabra este próximo viernes.
El proyecto, que implica la donación de un terreno municipal a la provincia para trasladar la actual dependencia ubicada en el centro de la ciudad, ha sido defendido por el secretario de Prevención en Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba, quien aclaró que no se trata de una cárcel, sino de una alcaidía, un concepto completamente distinto.
En diálogo con Medios de la ciudad, Martínez Saliba explicó que la actual alcaidía, ubicada en Mitre y Bv. Santa Fe, está rodeada de viviendas y una estación de servicio, lo que genera múltiples inconvenientes.
Diseñada inicialmente para albergar a 40 personas, en algunos momentos ha llegado a contener hasta 138 internos, triplicando su capacidad. Actualmente, la población penal oscila entre 88 y 90 detenidos, lo que no solo afecta las condiciones de detención, sino que también impacta en la seguridad y la logística policial.
“Se realizan entre 45 y 70 traslados semanales de los internos hacia distintas dependencias, como audiencias judiciales o inspecciones médicas. Esto requiere personal policial exclusivo para su custodia, lo que afecta la disponibilidad de agentes en otras funciones de prevención del delito”, detalló el funcionario.
Martínez Saliba subrayó que el traslado de la alcaidía al norte de la ciudad responde a una política provincial de creación de alcaidías regionales en ciudades cabeceras de departamentos. “No se trata de una cárcel, como algunos han planteado en el debate público. Una alcaidía es un espacio transitorio para personas que están a la espera de que se resuelva su situación procesal. No tiene el mismo régimen que una cárcel, donde los internos cumplen una condena y participan en programas de reinserción social”, aclaró.
Las alcaidías están diseñadas con un régimen de alojamiento unicelular, lo que permite una mejor organización y evita conflictos internos. Además, contarán con espacios adecuados para la atención de defensores y fiscales, asegurando condiciones de seguridad tanto para los internos como para el personal.
El secretario de Prevención en Seguridad también desmintió el temor de que la nueva alcaidía atraerá más delincuencia a la ciudad. “Hay un temor infundado en torno a la idea de que el entorno de las personas detenidas se afianzarán en Rafaela. Esto no es así. La gran mayoría de los presos que se asientan en un lugar lo hacen porque tienen redes de apoyo económico, en su mayoría vinculadas al narcotráfico. La alcaidía es un espacio de detención temporal, no una cárcel donde los condenados cumplen largas penas”, sostuvo.
Asimismo, destacó que los delitos más graves, como homicidios o robos calificados, suelen derivar en traslados inmediatos a unidades penitenciarias con mayores niveles de seguridad. “No podemos comparar una alcaidía con la cárcel de Coronda o Piñero. En esos centros de detención hay presos de alta peligrosidad bajo un régimen completamente distinto”, agregó.
El proyecto se enmarca en un convenio entre la Nación y la Provincia, que busca responder a una problemática común en varias jurisdicciones. De concretarse, la nueva alcaidía permitirá descongestionar la estructura actual y mejorar la seguridad en Rafaela. Martínez Saliba destacó que la gestión actual no tiene intención de instalar una cárcel en la ciudad y diferenció claramente el funcionamiento de una alcaidía respecto de una unidad penitenciaria.
Rafaela es el segundo departamento con mayor cantidad de detenidos en dependencias policiales en la provincia, solo superado por General López. El gobierno provincial trabaja en el traslado de estas alcaidías a zonas más adecuadas, como ya sucede en Melincué y Reconquista.