La ex vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha vuelto al centro de la atención pública y judicial al apelar la decisión del juez Manuel De Campos de archivar la investigación sobre los afiches difamatorios que la acusaban de “asesina”.
Este caso se remonta a marzo de 2022, cuando la Ciudad de Buenos Aires fue inundada con carteles que acusaban a Kirchner de ser responsable de las 35.000 muertes por la pandemia de Covid-19, señalando su supuesto alineamiento con el presidente ruso, Vladimir Putin, en lugar de tomar medidas más efectivas para salvar vidas.
El origen de la controversia
El 28 de marzo de 2022, afiches con frases incendiarias aparecieron por toda la ciudad. Estos carteles, que señalaban a Cristina Kirchner como responsable de la gestión de la pandemia, plantearon una acusación directa: “Culpable de 35.000 muertes. Asesina. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”.
En un contexto político altamente polarizado, estos mensajes se convirtieron rápidamente en un tema de debate nacional.
El entonces presidente, Alberto Fernández, no tardó en expresar su repudio hacia los afiches, subrayando la gravedad del ataque a la figura de la vicepresidenta.
A pesar de los esfuerzos judiciales, que incluyeron allanamientos y la identificación de dónde se imprimieron los afiches y cuánto se pagó por ellos, los autores intelectuales del acto nunca fueron identificados.
La disputa judicial
El caso de los afiches pasó por varios jueces y jurisdicciones, debido a una disputa de competencias que se prolongó por meses. Finalmente, la Corte Suprema decidió que la causa debía ser tratada en el fuero criminal y correccional, alineándose con la postura de la querella y la Fiscalía.
Sin embargo, este lunes, el juez De Campos decidió archivar el caso argumentando que no existían figuras penales que sostuvieran la continuidad de la investigación.
En particular, descartó las imputaciones de calumnias e injurias, aludiendo a que la propia Cristina Kirchner no impulsó la causa bajo esos términos.
En su fallo, De Campos determinó que no había elementos suficientes para seguir adelante con la investigación, lo que generó una fuerte reacción por parte de la defensa de Kirchner.
La apelación de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner, a través de su abogado Gregorio Dalbón, presentó una apelación contra el fallo del juez, calificando la decisión como “arbitraria y exigua”.
Según el abogado, De Campos habría cambiado radicalmente la tipificación de los delitos para justificar el archivo, lo que, en opinión de la defensa, implicaría un incumplimiento de los deberes de funcionario público al no investigar un delito que claramente sería de acción pública.
Dalbón argumentó que la decisión de archivar la causa no solo era incorrecta, sino que también ignoraba medidas de prueba pendientes que podrían haber arrojado más luz sobre los responsables de los afiches. En su apelación, solicitó que la Cámara del Crimen revise la decisión y ordene que se continúe con la investigación.
El futuro del caso
El fiscal Leonel Gómez Barbella también apeló la decisión de De Campos, lo que sugiere que la causa podría ser reabierta si la Cámara del Crimen encuentra mérito en los argumentos presentados por la querella y la Fiscalía. Aún queda por verse si se tomarán nuevas medidas de prueba y si, eventualmente, se logrará identificar a los autores intelectuales detrás de los afiches que inundaron Buenos Aires.
Impacto Político y Social
Este caso no es solo un episodio más en la extensa carrera política de Cristina Kirchner, sino que refleja las tensiones subyacentes en el panorama político argentino.
La utilización de medios gráficos para atacar figuras públicas no es nueva en la historia del país, pero la dimensión de este caso, sumada a la gravedad de las acusaciones, ha resonado en un contexto político y social marcado por la polarización.
La decisión de archivar el caso plantea preguntas sobre los límites de la libertad de expresión y el impacto de la difamación en figuras públicas de alto perfil.
Para Cristina Kirchner, la apelación es una oportunidad de reivindicación no solo personal, sino política, en una sociedad donde las batallas judiciales a menudo se entrelazan con las luchas por el poder.