El reciente desplazamiento de Delvis Bodoira como titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES en Rafaela reabre un debate incómodo pero necesario: la utilización de cargos estatales para fines políticos.
Según información exclusiva de medios locales, Bodoira habría sido removido tras detectarse su ausencia prolongada en el sistema del organismo, lo que paralizó trámites clave.
A esto se suman denuncias sobre el uso partidario de las instalaciones, generando malestar tanto dentro como fuera de la institución.
La licencia no pedida y la doble función
La pregunta central es simple, pero reveladora: si Bodoira buscaba un cargo electivo, ¿por qué no solicitó licencia? La función pública exige dedicación exclusiva, especialmente en organismos como ANSES, donde miles dependen de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Su ausencia no solo afectó la operatividad, sino que expuso una práctica recurrente: funcionarios que usan recursos estatales para campañas, distorsionando la equidad electoral y perjudicando a la ciudadanía.
Un problema sistémico, no aislado
Este caso no es excepcional. En cada elección, surgen ejemplos de titulares que mantienen sus puestos mientras priorizan la militancia. La falta de controles efectivos y sanciones ejemplificadoras normaliza esta conducta, erosionando la confianza en el Estado.
Si bien la remoción de Bodoira podría leerse como un límite simbólico, queda en evidencia que el sistema sigue siendo permeable a los abusos.
El costo real: los ciudadanos
Mientras los funcionarios equilibran (o confunden) roles, los afectados son los usuarios. En Rafaela, la pregunta es cuántos trámites se retrasaron, cuántos adultos mayores o familias esperaron respuestas innecesariamente. ANSES no es un escenario político: es una red de contención social que exige gestión eficiente.
La discusión trasciende a un individuo. Plantea si la Argentina está dispuesta a terminar con la superposición entre lo público y lo partidario. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia los intereses electorales, en detrimento de un servicio público que debería ser intocable.