Los concejales de Rafaela, Maria Paz Caruso,Juan Senn, Martin Racca y Valeria Soltermam manifestaron su firme oposición al proyecto del intendente Leonardo Viotti de ceder un terreno en Avenida Italia para la construcción de una cárcel con capacidad para 240 reclusos.
Aunque coinciden en la necesidad de erradicar la alcaidía actual de la Jefatura de Policía, consideran que reemplazarla por un penal dentro de la ciudad no es la solución adecuada.
El edil Senn argumentó que el proyecto afectaría directamente a los barrios Mora, Italia, San José, Zazpe y Virgen del Rosario, generando conflictos urbanos y de seguridad. “La denominación de ‘nueva alcaidía’ busca minimizar el impacto del proyecto, cuando en realidad se trata de una cárcel que cuadruplica la capacidad del actual lugar de detención”, advirtió Caruso, subrayando que la magnitud de la propuesta no ha sido debidamente comunicada a la ciudadanía.
Los concejales también expresaron su preocupación por el aumento de la inseguridad en Rafaela, donde los delitos han crecido un 25% en lo que va de 2024. Dudan de la capacidad del municipio para gestionar los desafíos que implicaría una unidad penitenciaria de tal envergadura, como posibles intentos de fuga o la necesidad de reforzar la seguridad en la zona.
Soltermam, por su parte, destacó que la instalación de la cárcel en el norte de la ciudad podría frenar el crecimiento urbanístico de los últimos años. Además, alertó sobre los conflictos derivados de la presencia de familiares de internos en la zona, quienes suelen permanecer en las inmediaciones durante más de un día para realizar visitas, tal como ocurre en otras localidades con instituciones similares.
Los ediles también cuestionaron el impacto que el proyecto tendría sobre la identidad de Rafaela. “No queremos que nos asocien a una cárcel, como sucede con Coronda. Queremos seguir siendo la ciudad de la producción, la ciudad de las universidades, la Perla del Oeste”, afirmaron, enfatizando el valor simbólico y económico que representa la imagen de la ciudad.
Finalmente, los concejales pusieron en duda la viabilidad económica del proyecto. Racca señaló inconsistencias en los presupuestos presentados, destacando que, mientras se habla de una inversión de $25.000 millones, el presupuesto provincial asignado es de apenas $4.900 millones. Esta discrepancia, según los ediles, refleja una falta de planificación y transparencia en la propuesta.
El debate sobre la construcción de la cárcel en Rafaela continúa abierto, mientras los concejales insisten en buscar alternativas que no comprometan el desarrollo y la seguridad de la ciudad.