Esta mañana, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia crucial para el futuro del complejo de departamentos ubicado en Avenida Mitre al 500.
Este lugar, que ha sido el epicentro de varios allanamientos y utilizado como “aguantadero”, enfrenta una situación judicial compleja.
En este artículo, exploraremos los detalles de la audiencia, las posiciones de las partes involucradas y las posibles implicaciones de las decisiones judiciales.
El complejo de departamentos en cuestión ha sido objeto de controversia durante varios meses. La Fiscalía y los querellantes sostienen que los inmuebles fueron usurpados y deben ser desalojados.
Por otro lado, la defensa de los ocupantes argumenta que muchos de ellos firmaron contratos de alquiler con quien poseía el boleto de compra-venta del terreno y que tenían autorización para ingresar.
La Fiscalía, apoyada por los querellantes, presentó un informe del personal municipal que participó en la audiencia.
Según este informe, el complejo no está habilitado y las personas que actualmente lo ocupan ingresaron de manera clandestina, ejerciendo violencia tanto para entrar como para permanecer.
La Fiscalía insiste en que el desalojo es necesario para restablecer el estado de derecho y garantizar la seguridad en la zona.
Defensa de los Ocupantes
La defensa de los ocupantes, por su parte, argumenta que varios de ellos tienen contratos de alquiler válidos y que ingresaron al complejo con la autorización del propietario del boleto de compra-venta.
Además, subrayan la necesidad de respetar los derechos de los menores y mujeres en situación de vulnerabilidad que habitan el lugar.
La defensa sostiene que un desalojo forzoso violaría estos derechos y agravaría la situación de las familias afectadas.
Desarrollo de la Audiencia
Durante la audiencia, ambas partes presentaron sus argumentos y pruebas. La Fiscalía y los querellantes insistieron en la necesidad de un desalojo inmediato, mientras que la defensa pidió el cese del estado antijurídico y la regularización de la situación de los ocupantes.
El informe del personal municipal fue un punto clave en la audiencia. Este informe detalló las condiciones del complejo y las irregularidades en su ocupación.
Según el informe, el complejo no cumple con las normativas de habilitación y seguridad, lo que representa un riesgo para los ocupantes y la comunidad en general.
Derechos de los Ocupantes
La defensa enfatizó la importancia de proteger los derechos de los ocupantes, especialmente de los menores y mujeres en situación de vulnerabilidad.
Argumentaron que muchos de los ocupantes han vivido en el complejo durante años y que un desalojo forzoso tendría consecuencias devastadoras para ellos.
Además, presentaron testimonios de ocupantes que afirmaron haber firmado contratos de alquiler legítimos.
Implicaciones de la Decisión Judicial
La decisión que tome el juez en este caso tendrá importantes implicaciones para todas las partes involucradas. Si se ordena el desalojo, las familias que actualmente viven en el complejo se verán obligadas a buscar un nuevo lugar donde vivir, lo que podría agravar su situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, si se acepta el argumento de la defensa y se permite que los ocupantes permanezcan en el complejo, será necesario regularizar su situación y garantizar que el complejo cumpla con todas las normativas de habilitación y seguridad.
Posibles Escenarios
- Desalojo Inmediato: Si el juez ordena el desalojo inmediato, la Fiscalía y los querellantes habrán logrado su objetivo, pero las familias afectadas enfrentarán una situación crítica. Será necesario implementar medidas de asistencia para los desalojados.
- Regularización de la Ocupación: Si el juez decide permitir que los ocupantes permanezcan en el complejo, se deberá trabajar en la regularización de su situación. Esto incluirá la formalización de contratos de alquiler y la adecuación del complejo a las normativas vigentes.
- Cese del Estado Antijurídico: La defensa busca el cese del estado antijurídico, lo que implicaría reconocer la legitimidad de los contratos de alquiler y permitir que los ocupantes permanezcan en el complejo. En este caso, también será necesario garantizar la seguridad y habilitación del lugar.