La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció un acto de persecución política tras la decisión de ANSES de suspender sus haberes especiales.
Reclamo por derechos adquiridos
Cristina Fernández de Kirchner, ex mandataria y actual titular del PJ Nacional, interpuso un recurso administrativo de nulidad ante la ANSES para reclamar la restitución de su jubilación de privilegio y la pensión como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.
El documento, presentado por su apoderado legal Facundo Fernández Pastor, argumenta que la suspensión de ambos beneficios constituye una violación de derechos y garantías protegidos por la Constitución Nacional, las leyes vigentes y la doctrina establecida por la Corte Suprema. Según el escrito, la decisión del Gobierno tiene como trasfondo una intención de hostigamiento político y partidismo, calificándola como un “acto de persecución con fines de venganza”.
En su pedido, Fernández de Kirchner exige no solo la restitución de los haberes retenidos, sino también el pago de los intereses acumulados durante el período en que le fueron suspendidos.
La causa detrás de la quita de los haberes
La medida fue adoptada por el Gobierno tras la confirmación de la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la ex presidenta en la causa Vialidad. La Cámara de Casación Penal de la Nación encontró a Fernández de Kirchner responsable de irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gestión.
Desde el oficialismo, explicaron que la ex mandataria seguirá cobrando una pensión y una jubilación basada en sus aportes personales, pero sin los adicionales correspondientes a los privilegios de su cargo. Según trascendió, antes de la suspensión, la suma total percibida por la ex presidenta alcanzaba los $21.827.624 mensuales.
El escenario político y judicial
El recurso presentado por Fernández de Kirchner abre un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, mientras las consecuencias de la condena en la causa Vialidad continúan marcando el terreno político y judicial. La decisión sobre este planteo recaerá en las autoridades de la ANSES, que deberán evaluar si los argumentos presentados ameritan la restitución de los haberes cuestionados.