La Municipalidad de Rafaela publicó recientemente en el Boletín Oficial, fechado el 15 de enero de 2025, cifras alarmantes sobre la demanda de asistencia alimentaria en la ciudad.
En respuesta a esta situación, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que permite contratar alimentos de forma directa, destinando hasta 200 millones de pesos mensuales para atender las necesidades de las familias más vulnerables.
Este incremento en la inversión alimentaria resalta una problemática creciente en la región, donde factores como emergencias climáticas, pérdida de empleo y reducción de beneficios sociales han agravado la inseguridad alimentaria.
Un panorama desalentador: menores y adultos mayores, los más afectados
Según los datos oficiales, el 40,3% de quienes reciben refuerzos alimentarios son menores de edad, un grupo especialmente vulnerable, ya que la adecuada nutrición es clave para su desarrollo físico y cognitivo. A esto se suma que el 6,2% son adultos mayores, quienes enfrentan riesgos adicionales debido a su estado de salud y situaciones de aislamiento.
El impacto social de esta crisis se ha reflejado también en el incremento del 20% en la demanda de alimentos por parte de comedores comunitarios e instituciones sociales en los últimos meses. En este contexto, el Centro Integral Comunitario (CIC) ha jugado un papel fundamental al distribuir 8.000 raciones mensuales hasta diciembre de 2024, mostrando un compromiso inquebrantable con las necesidades de la población.
Una respuesta urgente y necesaria
La Secretaría de Desarrollo Humano y Salud ha liderado estas gestiones, articulando recursos municipales para garantizar que ningún vecino quede desamparado. La aprobación de esta ordenanza refuerza el compromiso de las autoridades locales con la contención social y la protección de los sectores más afectados por la crisis económica.
Sin embargo, esta medida evidencia la urgencia de abordar las causas estructurales de la pobreza, promoviendo políticas sostenibles que no solo atiendan la emergencia, sino que también ofrezcan soluciones a largo plazo.
Como comunidad, debemos continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones públicas, privadas y sociales, para garantizar que nadie quede excluido del derecho básico a una alimentación digna. Solo unidos podremos superar estos desafíos y construir un futuro más equitativo para todos.