La renuncia de Florencia Misrahi a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, ha generado un gran revuelo en el ámbito político y económico del país.
Aunque la versión oficial señala que su salida se debió a una resolución tributaria, los verdaderos motivos parecen ser mucho más profundos y complejos.
Tensiones internas y recortes salariales
Uno de los principales factores que precipitaron la renuncia de Misrahi fue su resistencia a los recortes salariales impuestos por el Gobierno hace dos meses.
A pesar de la reducción general de salarios, Misrahi continuó percibiendo un salario mensual de aproximadamente 32 millones de pesos, lo que generó fricciones con la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.
Esta situación provocó tensiones con otros actores del Gobierno, ya que el cargo de Administrador Federal le permitía definir su propia remuneración, una prerrogativa que no fue bien recibida por todos.
Además, la gestión de Misrahi comenzó a generar desconfianza dentro del Gobierno, especialmente entre los círculos cercanos al presidente Javier Milei.
La falta de control efectivo sobre la administración de la ARCA y los resultados insatisfactorios de su gestión contribuyeron al creciente malestar interno.
Disputas políticas y problemas de gestión
El cambio de titular en la ARCA se produjo en un contexto de disputas internas entre los Caputo por la sucesión. Mientras Santiago Caputo promovía el nombramiento de Andrés Vázquez, finalmente fue Luis Caputo quien impuso a Juan Pazo como sucesor de Misrahi.
Pazo, hasta hace poco Secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería, llega en un momento de fuerte tensión política dentro del Gobierno.
Otro factor relevante en la salida de Misrahi fue la difícil situación laboral dentro de la ARCA. Además de los recortes salariales, se produjo una reducción drástica de personal, dejando a la ex AFIP con menos de 20,000 empleados.
Esta disminución de personal y la falta de control sobre el cumplimiento tributario podrían poner en riesgo el equilibrio fiscal, especialmente si no se logran las metas de recaudación en el corto plazo.