En un fallo que ha generado conmoción en el ámbito político y social, el juez federal Julián Ercolini procesó al expresidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones leves agravadas por violencia de género (reiteradas en dos oportunidades), lesiones graves y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja, Fabiola Yañez.
La resolución judicial, basada en pruebas recopiladas por el fiscal Ramiro González, incluye un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Fernández y levanta la prohibición de salida del país que pesaba sobre el exmandatario.
El magistrado sostuvo que Fernández ejerció violencia psicológica y física contra Yañez durante su relación, incluyendo actos de “acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
Además, el juez destacó que el expresidente utilizó el “condicionamiento económico” como una herramienta para “manipular y continuar ejerciendo poder y control” sobre su expareja.
Las pruebas y las acusaciones
Entre las pruebas presentadas en la causa se encuentra la declaración de Yañez del 28 de junio de 2024, en la que relató los episodios de violencia.
También se incluyeron imágenes extraídas de su celular, chats entre ambos y fotografías que documentan las marcas de golpes en el rostro y brazos de la exprimera dama.
Estas evidencias fueron determinantes para que el juez Ercolini concluyera que Fernández intentó coaccionar a Yañez para que no presentara cargos en su contra, prometiéndole que “en el futuro no les faltaría nada ni a ella ni a su hijo”, pero también amenazandola con “arruinarla” y “hacer cualquier cosa en su contra” si decidía declarar.
El impacto político y social
El procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género marca un hecho sin precedentes en la historia política argentina, ya que se trata de un exjefe de Estado enfrentando cargos de esta naturaleza.
La resolución judicial no solo pone en evidencia las acusaciones de Yañez, sino que también reabre el debate sobre la violencia de género y la necesidad de garantizar justicia en casos que involucran a figuras públicas con poder e influencia.
Mientras tanto, el levantamiento de la prohibición de salida del país para Fernández ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores consideran que la medida es adecuada dado que el exmandatario no representa un riesgo de fuga, mientras que otros cuestionan la decisión, argumentando que podría dificultar el avance de la causa.
Un caso que sigue abierto
La causa contra Alberto Fernández continúa su curso, y se espera que en los próximos meses se presenten nuevas pruebas y testimonios.
Mientras tanto, el fallo del juez Ercolini ha dejado en evidencia las graves acusaciones contra el expresidente, en un caso que no solo tiene implicancias legales, sino también un profundo impacto social y político.