Diez años después de la trágica muerte del fiscal federal Alberto Nisman, la justicia argentina continúa investigando las circunstancias de su fallecimiento, reforzando la hipótesis de que fue un asesinato vinculado a su labor en la causa AMIA.
El fiscal Eduardo Taiano, encargado del caso, sostiene que existen pruebas sólidas que respaldan esta teoría y espera la desclasificación de documentos de inteligencia que podrían esclarecer la identidad de los responsables.
Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, con un disparo en la cabeza. Inicialmente, su muerte fue investigada como un suicidio; sin embargo, con el avance de las pesquisas, la fiscalía concluyó que se trató de un homicidio. Según Taiano, “su muerte estuvo vinculada directamente a su trabajo en la UFI-AMIA”.
Un caso marcado por giros judiciales
La investigación inicial estuvo a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein en la justicia ordinaria. En 2016, tras un fallo de la Corte Suprema, la causa fue trasladada al fuero federal, quedando bajo la jurisdicción del juez Julián Ercolini y del fiscal Taiano. Se encargó un nuevo peritaje a la Gendarmería Nacional, que concluyó en la presencia de terceros en el lugar del hecho, reforzando la hipótesis del asesinato.
Como resultado de estos hallazgos, el técnico informático Diego Lagomarsino fue procesado por “homicidio simple agravado”, ya que proporcionó el arma utilizada. Además, cuatro custodios de Nisman fueron imputados por incumplimiento de deberes y encubrimiento.
Las incógnitas que persisten
A pesar de los avances en la investigación, los autores materiales e intelectuales del crimen aún no han sido identificados. La fiscalía ha señalado irregularidades en las etapas iniciales del proceso, incluyendo la contaminación de la escena del crimen y la manipulación indebida de pruebas. Estas deficiencias han dificultado el esclarecimiento del caso y han generado críticas sobre la eficacia del sistema judicial argentino.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema despejó los obstáculos legales para que la denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegue a juicio oral en 2025. Este avance mantiene en el centro del debate político y judicial el legado de su investigación y el contexto de su muerte.