El Ministerio de Capital Humano enfrenta una polémica por la adquisición de una costosa cafetera, lo que derivó en la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa, Constanza Cassino, a pedido de la ministra Sandra Pettovello.
La noticia generó un fuerte repudio en redes sociales, donde dirigentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) criticaron duramente el gasto.
La polémica compra y la reacción oficial
La compra de una cafetera industrial valorada en $1.917.000, autorizada por Constanza Cassino, generó sorpresa y rechazo en distintos sectores, tanto políticos como sociales.
Tras conocer la operación, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de Cassino, una medida que la funcionaria aceptó y formalizó a través de una carta donde establece su salida efectiva para el 31 de octubre de 2024.
La adquisición del electrodoméstico cobró relevancia pública cuando el dirigente social Juan Grabois expuso el gasto en sus redes sociales, denunciando lo que consideró un uso desproporcionado de fondos públicos.
Grabois criticó la compra al calificarla como un “privilegio” y vinculó el costo de la cafetera y otros servicios contratados a expensas de recursos que, según él, podrían destinarse a fines más prioritarios, como la alimentación en comedores sociales.
Críticas desde el ámbito social y repercusiones políticas
Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), no escatimó en críticas hacia Pettovello y otros funcionarios de la administración, cuestionando los gastos que considera innecesarios.
En su mensaje en redes, señaló: “El cafecito con espuma con sobreprecio se paga con 6444 raciones de almuerzo según el PNUD. Ese que esta rocha perfumada le niega a los pibes”. Además, en tono irónico, aludió a otros gastos de la funcionaria, mencionando cifras de hasta 4 millones de pesos en charlas de nutrición.
El dirigente también cuestionó la falta de acción judicial respecto a otros pagos supuestamente irregulares, que incluirían “sobresueldos” y menciones a contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), señalando que aún no han sido investigados por las autoridades.
Este incidente representa una muestra más de la creciente tensión en torno a la transparencia en el uso de fondos públicos en áreas sensibles.
La destitución de Cassino, aunque directa, no parece calmar los cuestionamientos de parte de los movimientos sociales y otros sectores que exigen explicaciones sobre la gestión de los recursos destinados al bienestar social.