La obra social de los trabajadores lácteos, Ospil, se encuentra actualmente en medio de un conflicto que ha afectado la atención ambulatoria de pacientes en Rafaela.
La disputa surgió debido a la falta de acuerdo entre Ospil y la Asociación Médica del Departamento Castellanos, quienes no han logrado consensuar sobre el pago de honorarios a los profesionales de la salud.
Como resultado, los afiliados de Ospil se han visto obligados a pagar de manera particular las consultas médicas, lo que ha generado un gran malestar en la comunidad.
Este conflicto, que ya lleva más de 10 días, sigue sin resolverse, aunque ambas partes están trabajando para llegar a un acuerdo.
Desde Ospil reconocieron la complejidad de la situación y adelantaron que no pueden cubrir los montos solicitados por los médicos, lo que ha complicado las negociaciones.
Mientras tanto, el sindicato Atilra, al que pertenece la obra social, ha puesto a disposición la clínica 10 de Septiembre, ubicada en Sunchales.
En dicha clínica, la atención continúa con normalidad y se ha ofrecido el traslado para aquellos afiliados que lo necesiten mientras el conflicto en Rafaela sigue sin resolverse. En cuanto a la atención de internación en Rafaela, por el momento no se han reportado inconvenientes.
Este conflicto no es un caso aislado, sino que refleja una problemática más amplia que afecta a las obras sociales en Argentina.
Desde Ospil señalaron que el sistema solidario de cobertura médica enfrenta serios desafíos financieros, exacerbados por la creciente inflación y los aumentos en los costos de medicamentos y servicios médicos.
En particular, mencionaron que los precios de los medicamentos han aumentado un 300% en los últimos tiempos, mientras que los salarios de los trabajadores no han podido seguir el ritmo de la inflación.
Además, algunas empresas del sector lácteo han tenido dificultades para realizar los aportes correspondientes, lo que agrava aún más la situación financiera de la obra social.
El aumento de los costos médicos es alarmante: un parto con internación de dos días cuesta casi 2 millones de pesos, mientras que el tratamiento con insulina para un paciente durante tres meses tiene un costo similar.
Estos elevados gastos no se corresponden con los ingresos por los aportes de los empleados, que en el caso de Ospil rondan los 120 mil pesos por grupo familiar, una cifra considerablemente inferior en comparación con los costos de algunas prepagas privadas, que llegan a cobrar cerca de 900 mil pesos a una pareja.
Desde Ospil aseguraron que están haciendo todo lo posible por sostener el sistema de salud actual, pero advirtieron que se encuentran ante un escenario muy complicado.
Además, responsabilizaron a las políticas del gobierno nacional, señalando que “la libertad era para quedarse con los derechos de los trabajadores”.
Esta declaración pone de relieve el descontento con las medidas económicas y regulatorias actuales, que según la obra social, están afectando negativamente la capacidad de las entidades solidarias para seguir brindando los servicios de salud que los afiliados necesitan.
El futuro de las negociaciones entre Ospil y la Asociación Médica del Departamento Castellanos sigue siendo incierto. No obstante, las expectativas están puestas en que se llegue a un acuerdo pronto para evitar una mayor afectación a los afiliados y restaurar la normalidad en la atención médica ambulatoria en Rafaela.