En un fallo que ha generado controversia, la Justicia de Mendoza autorizó a los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, acusados de abuso sexual, a regresar a su país de origen.
Los deportistas, que formaban parte del seleccionado francés de rugby, podrán salir de Argentina, aunque deberán mantenerse a disposición de la Justicia para futuras pericias en el marco de la investigación en curso.
El contexto del caso: Abuso sexual en Mendoza
El caso se remonta a una noche en la que la víctima, una joven mendocina, decidió acompañar a uno de los rugbiers después de haberlo conocido en un boliche local.
Según la denuncia, al llegar a la habitación del hotel donde se hospedaba el equipo francés, fue confrontada por los dos acusados, quienes la golpearon y abusaron sexualmente de ella en múltiples ocasiones.
Este hecho tuvo lugar mientras el equipo galo se encontraba en Mendoza para disputar un partido contra los Pumas, el seleccionado argentino de rugby.
Condiciones para la salida del país: Pericias y obligaciones legales
La autorización para que los rugbiers regresen a Francia no los exime de sus responsabilidades legales. De acuerdo con la orden del fiscal adjunto en lo penal, Gonzalo Nazar, los acusados deberán presentarse ante el consulado argentino en Francia cada vez que la Justicia lo requiera.
Además, se les ha exigido fijar un domicilio legal y virtual en su país de origen, para asegurar la comunicación y la notificación de cualquier avance en la causa.
Una de las pericias clave que aún está pendiente es la evaluación psiquiátrica de los acusados, solicitada por la abogada de la víctima. Esta pericia, que debe ser autorizada por la jueza de Garantías Eleonora Arenas, es fundamental para el desarrollo del caso y podría tener un impacto significativo en las decisiones futuras de la Justicia.
La controversia judicial: Recusación y críticas a la fiscalía
El proceso judicial ha estado marcado por la controversia. Los abogados de la víctima, Mauricio Cardello y Natacha Romano, han presentado un pedido de recusación tanto del fiscal Gonzalo Nazar como de la jefa de Fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual, Daniela Chaler.
Los letrados acusan a los fiscales de “violencia moral y falta de objetividad”, argumentando que la decisión de conceder la morigeración de la prisión domiciliaria pone en riesgo el proceso y desprotege a la denunciante.
En su documento, los abogados critican la falta de perspectiva de género en la resolución judicial y señalan que los fundamentos presentados para la liberación de los rugbiers son exiguos y fuera de contexto. Esta acusación subraya la complejidad y sensibilidad del caso, que ha captado la atención tanto de la opinión pública como de la comunidad internacional.
El impacto en la sociedad y el sistema judicial
Este caso pone de relieve las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual en su búsqueda de justicia. La decisión de permitir que los acusados salgan del país, a pesar de las graves acusaciones en su contra, ha generado indignación en sectores que defienden los derechos de las víctimas y cuestionan la efectividad del sistema judicial para garantizar justicia en casos de violencia de género.